21
Agosto
2017

“Estamos cansados de tanto atropello”

Julia Vicuña
20170821 caballero-559

Alexander Caballero | Foto: Rel-UITA

Ante medidas anunciadas por el gobierno para “modernizar las modalidades de contratación y eliminar sobrecostos laborales” los trabajadores peruanos están impulsando acciones de resistencia. La Rel conversó con Alexander Caballero Huertas, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines de la Confederación General de Trabajadores del Perú (FNT CGTP-ABA).
-El 19 de julio marchó la CGTP en protesta por los proyectos del gobierno. ¿Qué hay detrás de esas “reformas”?
-Los trabajadores peruanos estamos cansados de tanto atropello, que se vulneren los derechos laborales que hemos conquistado, derechos que en los últimos tiempos se han deteriorado debido al engañoso actuar de presidentes que luego de ser elegidos no cumplieron con sus promesas de campaña.

Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, cada uno a su turno, defraudaron a sus electores.

Hoy el mercado laboral no crece y las remuneraciones no varían. La informalidad es alta y el empleo “formal” es precario. Los jóvenes no tienen futuro, solo pueden aspirar a empleos temporales, bajos sueldos y sin beneficios sociales. Sus derechos son atropellados, los empleadores se aprovechan de su necesidad.

-¿Te refieres a la llamada “Ley Pulpin 2”, la norma que según el gobierno “busca promover el empleo entre personas de 18 a 29 años”?
-El actual ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, está impulsando las mismas cosas que la derogada “Ley Pulpin” del gobierno anterior.

En tiempos de Ollanta Humala se pretendía crear un régimen laboral “especial” para los jóvenes de 18 a 24 años, y ahora se aspira a dejarlos sin derechos laborales. Lo mismo.

El ministro de Trabajo quiere imponer una reforma laboral que beneficiará a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), pues va a precarizar aún más el empleo.

Las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 29 años tendrán incentivos económicos, el Estado asumirá hasta el 100 por ciento del costo del seguro de salud, los jóvenes (hombres y mujeres) no tendrán derecho a la sindicalización ni a la negociación colectiva.

Otro retroceso es el seguro por desempleo, que facilitará los despidos masivos.

Pedro Pablo Kuscynski (PPK), al igual que el ex presidente Humala, logró los votos de los trabajadores y de sus familias porque ofreció resolver una serie de problemas que los afectaban y se comprometió con nuestra central, la Confederación General de Trabajadores (CGTP), a atender sus demandas, compromisos que después fueron olvidados.

-¿Qué otra acción emprenderán los trabajadores después de esta marcha?
-Una marcha deja sentir en sus ambientes el sin sabor, amargura y descontento por el actuar de quienes fueron elegidos por nosotros, pero hay que seguir.

A la fecha se viene trabajando un plan agresivo de lucha que incluye grandes paralizaciones a nivel nacional si el gobierno no atiende las reclamaciones de los trabajadores.

-¿Cuál es el balance que hacen de la gestión de PPK?
-El gobierno luce débil y sin brújula. La situación económica se agrava día a día y el presidente no logra dar una salida a la crisis económica que cada vez cobra mayor fuerza.

En las calles sigue en aumento la inseguridad ciudadana, los ataques de los políticos mellan la imagen del país y los casos de corrupción van en aumento.

En el ámbito laboral se cometen grandes atropellos, nuestros derechos cada vez son más vulnerados, y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo mandato es verificar los atropellos laborales por parte de malos empresarios, se ve maniatada por el recorte de su presupuesto.

Por otro lado, los reportes de la Superintendencia no son tomados en cuenta por el Poder Judicial, como pasó con el caso del incendio del centro ferretero Las Malvinas, donde fallecieron dos jóvenes que trabajaban encerrados por el patrón. Por ganarse 30,9 dólares semanales, esos jóvenes laboraban bajo encierro, secuestrados literalmente y sin posibilidad de reclamo.

PPK sigue la línea de gobiernos anteriores, su política es neoliberal, entreguista y totalmente irresponsable. A esto se suma un Congreso podrido, copado por congresistas fujimoristas que dejan de lado los reales intereses de peruanas y peruanos.

En conclusión, es un gobierno que sigue sirviendo al capitalismo y sus nefastos intereses.

Un diálogo que no es tal
“Eliminan derechos y precarizan aún más el empleo”
-El ministro de Trabajo ha declarado que el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) está inoperante debido a que la CGTP ha dejado de participar en las reuniones.
-El gobierno elimina derechos y precariza aún más el empleo, tolera que se persiga a los trabajadores y trabajadoras que forman sindicatos y atropelle la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva: en estas condiciones es difícil hablar de dialogo, de buena fe.

Dialogar sin la voluntad de solucionar es solo actuar en un ambiente de farsa y eso no puede seguir sucediendo.

-Según Grados Carraro, la reforma apunta a que cambie la tendencia a la caída de la tasa de crecimiento del empleo.
-El ministro de Trabajo le miente al país. Sabe que el gobierno anterior se resistió a implementar el Programa Nacional de Trabajo Decente, pese a los compromisos suscritos con la OIT, y ahora ellos siguen por el mismo camino.

En este contexto, ha anunciado una nueva prórroga -hasta fin de año- de la remuneración mínima para los trabajadores, que fue fijada en junio de 2016 en 262,34 dólares. De manera cínica ha manifestado que los peruanos podemos vivir con dicha suma. Quisiéramos que nos demuestre si él puede hacerlo.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que el costo de la canasta básica familiar es de 463 dólares, por lo cual el salario mínimo sólo cubre el 56 por ciento de las necesidades de una familia.

Paralelamente, la productividad supera el 3,5 por ciento anual y la tasa de rentabilidad promedio de las empresas es mayor al 20 por ciento, una de las más altas en América Latina.

Por otro lado, las sanciones económicas impuestas por el ministerio a las empresas por violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva rara vez se acatan.

Mientras, los trabajadores y trabajadoras enfrentamos procesos judiciales prolongados por despidos relacionados con la actividad sindical y contratos de trabajo fraudulentos.