05
Junio
2017

JBS y sus relaciones carnales con el poder

Daniel Gatti y Gerardo Iglesias
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Ilustración: Allan McDonald

Además de ser la principal procesadora de carne del mundo, JBS Friboi tiene, como otras grandes empresas, un poder descomunal en la política brasileña y goza de los favores de la mayor parte del establishment político del país, como lo evidencian diversos escándalos de los que ha sido protagonista.
La compañía dirigida por los hermanos Joesley y Wesley Batista, ha logrado su expansión gracias a una “política de Estado” impulsada por gobiernos de distinto signo para promover a los primeros planos mundiales a firmas nacionales de sectores como la alimentación, la minería, la energía o la construcción.

En toda esta movida hay un protagonista de peso: el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el mayor banco de fomento de Brasil creado en 1952.

Ya en 2014 sus créditos superaban ampliamente los del Banco Mundial, en ese año prestó 62.500 millones de dólares, más de un tercio destinado a infraestructuras.

Según la Agencia IPS, “el financiamiento del BNDES se multiplicó por seis durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, primero con Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y luego con su sucesora Dilma Rousseff”.

Con dinero público, proveniente entre otros del Fondo de Amparo del Trabajador (FAT), financió megaproyectos que luego se convirtieron en megaproblemas.

El engorde de JBS
Y la vista gorda de las autoridades
Con el crecimiento del banco, también crecieron muchas compañías a las cuales le fueron concedidos multimillonarios créditos a condiciones extremadamente favorables, que permitieron acrecentar sus activos, acceder a mayores cuotas del mercado mundial, pero no generaron ningún beneficio al desarrollo social ni a la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras.

Esto sucedió con JBS: los poderes públicos hicieron la vista gorda sobre sus prácticas monopólicas, las condiciones penosas de labor en sus plantas de producción, el cierre de frigoríficos de menor porte y las reiteradas imputaciones de situaciones análogas con la esclavitud registradas en las fincas ganaderas.

Como BRF (otra “grande” del sector cárnico), como la constructora Odebrecht, como la minera Vale do Río Doce, JBS Friboi ha sido denunciada por prácticas antisindicales consuetudinarias y se ha visto involucrada en escándalos del más diverso tipo.

Si el escenario no es más patético se debe a la acción de los sindicatos, sus durísimas campañas de denuncias, muchas con el respaldo de la UITA y de algunas autoridades, sobre todo del Ministerio Público de Trabajo (MPT), que ha cumplido una destacada actuación.

Delación premiada
Políticos a la parrilla
Entre los escándalos más recientes figuran la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras investigada por la operación Lava Jato, la comercialización de carne al límite de la podredumbre, investigada por la operación Carne Débil, la financiación ilegal de las campañas de diversos partidos, y los sobornos pagados a líderes políticos a cambio de favores.

Mauricio Mascardi Grillo, un alto funcionario policial que participó en las operaciones Lava Jato y Carne Débil, habló de “tramas mafiosas” al referirse al “contubernio” entre grandes empresarios y dirigentes políticos, e incluyó a los directivos de JBS en esas redes.

En Brasil, “está podrido el sistema político casi que en su conjunto, porque el contubernio entre funcionarios del Estado y empresarios para negocios ilegales es de las cosas más comunes en este país”, dijo casi que en los mismos términos un analista político.

Los propios hermanos Batista han reconocido la existencia de esas tramas cuando semanas atrás, para beneficiarse de disposiciones que otorgan reducciones de penas a quienes colaboren con la justicia en determinadas  investigaciones -la llamada “delación premiada”- “quemaron” a líderes políticos de primera línea.

En esas confesiones, admitieron haber entregado nada menos que 600 millones de reales (algo menos de 200 millones de dólares) a unos 1.900 políticos de casi todos los partidos para lograr diversos “favores”.

Es más: JBS Investimentos, el accionista mayoritario del grupo JBS, es decir el meollo del clan Batista, terminó acordando la pasada semana ante un grupo de cinco fiscales brasileños pagar una multa de 10.300 millones de reales (unos 3.200 millones de dólares) por el papel que jugaron en estas tramas de corrupción.

Según los fiscales, esa multa, que los propietarios de JBS se comprometieron a pagar en 25 años, es la mayor de su tipo aplicada hasta ahora en el mundo.

Entre los principales acusados por los Batista figuró el presidente Michel Temer, que llegó al poder hace menos de un año tras un impresentable juicio político a la ex presidente Dilma Rousseff.

Joesley Batista grabó y filmó a Temer durante encuentros en que recomendaba seguir comprando el silencio de políticos que sabían de la existencia de las tramas de corrupción. El presidente habría además recibido, para provecho propio, unos 4,5 millones de dólares de manos de JBS.

Las declaraciones de los hermanitos Batista -que siguen libres y han sido, en el caso de Joesley, incluso autorizados a viajar al extranjero- han salpicado a otros integrantes del actual gobierno y a varios de sus principales respaldos políticos, como el ex candidato presidencial Aécio Neves, y a miembros de administraciones anteriores.

La gigante del sector cárnico
Sospechas de corrupción fuera de fronteras
La revista brasileña Galileu estableció en una investigación publicada a mediados de mayo que esta megaempresa creada en la década de 1950 por José Batista Sobrinho (de sus iniciales deriva el nombre de la compañía) ha tenido “relaciones íntimas” con el poder político prácticamente desde su surgimiento.

Su internacionalización la comenzó en 2005, cuando compró el frigorífico Swift Armour de Argentina, y la consolidó muy poco después, al adquirir la central de Swift en Estados Unidos, en 1.400 millones de dólares, e instalarse en otros países vecinos productores de carne, como Uruguay y Paraguay.

Así fue que se convirtió en la mayor empresa procesadora de carne del mundo, con una capacidad de faena de más de 47.000 reses al día.

En el capital de la empresa ya estaba el BNDES, que hoy controla el 24 por ciento de las acciones de JBS.

Hoy, señala Galileu,JBS es propietaria de 50 marcas que operan en 22 países, donde emplea a más de 200.000 personas. Su volumen de negocios llegó en 2016 a 170.000 millones de reales, unos 52.000 millones de dólares, y su ganancia fue de 376 millones de la moneda brasileña (unos 115 millones de dólares).

De Argentina, el primer país extranjero en que JBS desembarcó, partió una demanda de investigación sobre la posibilidad de que la transnacional haya replicado en el exterior su modus operandi de fronteras adentro.
La formuló Dardo Chiesa, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Alguien en este bendito país, donde no existe la figura del arrepentido, debería estudiar el accionar de esta empresa con matriz de corrupción, y ver si dicha matriz se replicó en la Argentina, si hubo luz verde o connivencia con las autoridades nacionales, y buscar los mecanismos para que esto no se repita”, dijo el productor rural.

Y explotación fronteras adentro
Miles de juicios laborales
Además de los megaescándalos de corrupción en que está implicada, JBS es de las empresas que más juicios laborales debe enfrentar.

Este lunes 5 el diario Folha de Sao Paulo informó que en 2016 el grupo fue objeto de 34.000 demandas presentadas por sus trabajadores, contra 31.100 el año anterior.

Los juicios se deben en parte a accidentes de trabajo, que aumentaron 11 por ciento de un año a otro, llegando a 2.680.

JBS atribuyó ese dato al crecimiento del personal, pero el diario recuerda que el número de funcionarios del grupo creció menos de uno por ciento en el período.