07
Marzo
2017
Día Internacional de la Mujer Trabajadora
Los costos sociales y económicos de la violencia de género
En Montevideo, Violeta Lacayo
Mural Hotel Panamericano de Bariloche | Foto: Gerardo Iglesias
La violencia de género afecta a la sociedad entera, no solamente a las mujeres, niñas y adolescentes que la sufren, y tiene efectos intergeneracionales inmediatos y de corto plazo. Tiene, incluso, elevadísimos costos económicos.
Las consecuencias y costos de la violencia tienen impactos a nivel individual (para los/las sobrevivientes, perpetradores y otros afectados por la violencia) así como al interior de la familia, comunidad y la sociedad en general, lo que resulta en costos a nivel nacional.
La violencia contra mujeres y niñas acarrea costos, más allá del sufrimiento no visible y del impacto en su calidad de vida y bienestar, que refieren aquellos costos que él o la sobreviviente y su familia deben asumir a nivel de salud (física o mental), trabajo y finanzas, así como el efecto que ello tiene en los niños y niñas.
Se agrega a ello una selección de diez causas y factores de riesgo de discapacidad y muerte para mujeres entre las edades de 15 y 44, la violación y violencia doméstica y de género, en todas sus acepciones, consideradas con una incidencia superior al cáncer, accidentes de tránsito, la guerra y la malaria.
Como ejemplos de tales costos y consecuencias tenemos:
Lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias, así como enfermedades físicas de larga duración (por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, desórdenes del sistema nerviosos central, dolor crónico).
Enfermedades mentales como depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post traumático, intento de suicidio.
Problemas sexuales y reproductivos como infecciones por transmisión sexual (incluyendo el VIH) y otras enfermedades crónicas; disfunciones sexuales; embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros; riesgos en la salud materna y la salud fetal (especialmente en casos de abuso durante el embarazo).
Abuso de sustancias (incluyendo alcohol).
Habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento social y marginación.
Muerte de mujeres y de sus hijos y/o hijas (producto de negligencia, lesiones, riesgos asociados al embarazo, homicidio, suicidio y /o HIV y asociados al sida).
Pérdida de días laborales, baja productividad y bajos ingresos.
Reducción o pérdida total de oportunidades educativas, laborales, sociales o de participación política.
Desembolsos (a nivel individual, familiar y del presupuesto público) para sufragar servicios médicos, judiciales, sociales y de protección.
Sumado a las consecuencias directas y a corto plazo, los niños y niñas que son testigos de la violencia tienen más probabilidades de presentar problemas emocionales y de conducta, un deficiente desempeño escolar, así como el riesgo de cometer o experimentar violencia en el futuro.
La violencia contra mujeres y niñas acarrea costos, más allá del sufrimiento no visible y del impacto en su calidad de vida y bienestar, que refieren aquellos costos que él o la sobreviviente y su familia deben asumir a nivel de salud (física o mental), trabajo y finanzas, así como el efecto que ello tiene en los niños y niñas.
Se agrega a ello una selección de diez causas y factores de riesgo de discapacidad y muerte para mujeres entre las edades de 15 y 44, la violación y violencia doméstica y de género, en todas sus acepciones, consideradas con una incidencia superior al cáncer, accidentes de tránsito, la guerra y la malaria.
Como ejemplos de tales costos y consecuencias tenemos:
Lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias, así como enfermedades físicas de larga duración (por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, desórdenes del sistema nerviosos central, dolor crónico).
Enfermedades mentales como depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post traumático, intento de suicidio.
Problemas sexuales y reproductivos como infecciones por transmisión sexual (incluyendo el VIH) y otras enfermedades crónicas; disfunciones sexuales; embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros; riesgos en la salud materna y la salud fetal (especialmente en casos de abuso durante el embarazo).
Abuso de sustancias (incluyendo alcohol).
Habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento social y marginación.
Muerte de mujeres y de sus hijos y/o hijas (producto de negligencia, lesiones, riesgos asociados al embarazo, homicidio, suicidio y /o HIV y asociados al sida).
Pérdida de días laborales, baja productividad y bajos ingresos.
Reducción o pérdida total de oportunidades educativas, laborales, sociales o de participación política.
Desembolsos (a nivel individual, familiar y del presupuesto público) para sufragar servicios médicos, judiciales, sociales y de protección.
Sumado a las consecuencias directas y a corto plazo, los niños y niñas que son testigos de la violencia tienen más probabilidades de presentar problemas emocionales y de conducta, un deficiente desempeño escolar, así como el riesgo de cometer o experimentar violencia en el futuro.
Más de una generación afectada
Costos a largo plazo
Los costes y las consecuencias de la violencia contra las mujeres duran generaciones.
Encuestas realizadas en Costa Rica, República Checa, Filipinas, Polonia y Suiza revelaron que los niños que habían visto al padre emplear la violencia contra la madre tenían el triple de probabilidades de usar la violencia contra su pareja en un futuro.
Los niños que son testigos de violencia doméstica corren un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima y un deficiente rendimiento escolar, entre otros problemas que dañan su bienestar y desarrollo personal.
En Nicaragua, el 63 por ciento de los hijos e hijas de madres que han sufrido abusos tuvieron que repetir un curso escolar y abandonaron los estudios, en promedio, cuatro años antes que otros niños y niñas.
La violencia contra las mujeres y niñas afecta adversamente el desarrollo humano, social y económico de un país.
Asimismo, dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza y tiene consecuencias intergeneracionales. Es por ello que es muy importante reconocer y visibilizar que la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas debería ser una prioridad estratégica imprescindible para alcanzar el desarrollo.
Encuestas realizadas en Costa Rica, República Checa, Filipinas, Polonia y Suiza revelaron que los niños que habían visto al padre emplear la violencia contra la madre tenían el triple de probabilidades de usar la violencia contra su pareja en un futuro.
Los niños que son testigos de violencia doméstica corren un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima y un deficiente rendimiento escolar, entre otros problemas que dañan su bienestar y desarrollo personal.
En Nicaragua, el 63 por ciento de los hijos e hijas de madres que han sufrido abusos tuvieron que repetir un curso escolar y abandonaron los estudios, en promedio, cuatro años antes que otros niños y niñas.
La violencia contra las mujeres y niñas afecta adversamente el desarrollo humano, social y económico de un país.
Asimismo, dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza y tiene consecuencias intergeneracionales. Es por ello que es muy importante reconocer y visibilizar que la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas debería ser una prioridad estratégica imprescindible para alcanzar el desarrollo.
Una prioridad estratégica
Proteger el “capital humano”
La desigualdad y la violencia de género obstaculizan los esfuerzos de los países para reducir la pobreza.
Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital humano disponible para reducir la pobreza y conseguir el desarrollo.
Sin embargo, la violencia basada en el género socava sus derechos fundamentales, la estabilidad social y la seguridad, la salud pública, las oportunidades de formación y de empleo de las mujeres, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de los niños y niñas y las comunidades.
La violencia contra las mujeres reduce la productividad y agota los presupuestos públicos. La violencia contra las mujeres supone enormes costes directos e indirectos para las supervivientes y su familia, y el sector público por lo que se refiere a los gastos en materia de sanidad, policía, servicios jurídicos y otros gastos relacionados, así como en términos de pérdidas salariales e ingresos.
Según un estudio efectuado en India, una mujer pierde, en promedio, un mínimo de cinco días de trabajo remunerados por cada incidente de violencia a manos de su pareja, mientras que en Uganda aproximadamente el 9 por ciento de los incidentes violentos ocurridos obligaron a las mujeres a perder tiempo de trabajo remunerado equivalente a unos 11 días al año.
Se calcula que los costes anuales de la violencia a manos de la pareja y/o expareja, ascendieron a 5.800 millones de dólares en Estados Unidos y 1.160 millones en Canadá.
En Australia, la violencia ejercida contra mujeres y niños comporta un coste estimado de 11.380 millones de dólares anuales. En Fiji, el coste estimado anual fue de 135,8 millones de dólares o el 7 por ciento del Producto Interno Bruto.
Sólo la violencia doméstica tiene un coste aproximado de 32.900 millones de dólares en Inglaterra y Gales.
Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital humano disponible para reducir la pobreza y conseguir el desarrollo.
Sin embargo, la violencia basada en el género socava sus derechos fundamentales, la estabilidad social y la seguridad, la salud pública, las oportunidades de formación y de empleo de las mujeres, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de los niños y niñas y las comunidades.
La violencia contra las mujeres reduce la productividad y agota los presupuestos públicos. La violencia contra las mujeres supone enormes costes directos e indirectos para las supervivientes y su familia, y el sector público por lo que se refiere a los gastos en materia de sanidad, policía, servicios jurídicos y otros gastos relacionados, así como en términos de pérdidas salariales e ingresos.
Según un estudio efectuado en India, una mujer pierde, en promedio, un mínimo de cinco días de trabajo remunerados por cada incidente de violencia a manos de su pareja, mientras que en Uganda aproximadamente el 9 por ciento de los incidentes violentos ocurridos obligaron a las mujeres a perder tiempo de trabajo remunerado equivalente a unos 11 días al año.
Se calcula que los costes anuales de la violencia a manos de la pareja y/o expareja, ascendieron a 5.800 millones de dólares en Estados Unidos y 1.160 millones en Canadá.
En Australia, la violencia ejercida contra mujeres y niños comporta un coste estimado de 11.380 millones de dólares anuales. En Fiji, el coste estimado anual fue de 135,8 millones de dólares o el 7 por ciento del Producto Interno Bruto.
Sólo la violencia doméstica tiene un coste aproximado de 32.900 millones de dólares en Inglaterra y Gales.
En la escuela y el trabajo
No hay lugar libre de violencia de género
La violencia sexual priva a las niñas y adolescentes de recibir educación, y por ende limita las oportunidades y los logros educativos y laborales futuros.
En un estudio llevado a cabo en Etiopía, el 23 por ciento de las adolescentes afirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o violaciones de camino a la escuela o al regresar a casa.
En Ecuador, las adolescentes que denuncian haber sufrido violencia sexual en la escuela identificaron a maestros como los responsables en el 37 por ciento de los casos.
En Sudáfrica, el 33 por ciento de las violaciones de chicas denunciadas fueron cometidas por un maestro.
Muchas de estas niñas y adolescentes agredidas se cambiaron de escuela o la abandonaron como consecuencia de las represalias sufridas tras denunciar la violación.
La violencia daña la salud reproductiva, la salud materna y la del niño/a. La violencia basada en el género limita considerablemente la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos reproductivos, con graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva.
Una de cada cuatro mujeres padece violencia física o sexual durante el embarazo. Esto aumenta la probabilidad de que se produzcan abortos y muertes de neonatos, partos prematuros y de que nazcan niños y niñas con poco peso.
Entre el 23 y el 53 por ciento de las mujeres que sufren abusos físicos a manos de su pareja durante el embarazo reciben patadas o puñetazos en el abdomen.
La violencia limita el acceso de las mujeres a la planificación familiar, que puede llegar a reducir la mortalidad materna entre un 20 y un 35 por ciento al disminuir la exposición de las mujeres a riesgos de salud relacionados con el embarazo.
En un estudio llevado a cabo en Etiopía, el 23 por ciento de las adolescentes afirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o violaciones de camino a la escuela o al regresar a casa.
En Ecuador, las adolescentes que denuncian haber sufrido violencia sexual en la escuela identificaron a maestros como los responsables en el 37 por ciento de los casos.
En Sudáfrica, el 33 por ciento de las violaciones de chicas denunciadas fueron cometidas por un maestro.
Muchas de estas niñas y adolescentes agredidas se cambiaron de escuela o la abandonaron como consecuencia de las represalias sufridas tras denunciar la violación.
La violencia daña la salud reproductiva, la salud materna y la del niño/a. La violencia basada en el género limita considerablemente la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos reproductivos, con graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva.
Una de cada cuatro mujeres padece violencia física o sexual durante el embarazo. Esto aumenta la probabilidad de que se produzcan abortos y muertes de neonatos, partos prematuros y de que nazcan niños y niñas con poco peso.
Entre el 23 y el 53 por ciento de las mujeres que sufren abusos físicos a manos de su pareja durante el embarazo reciben patadas o puñetazos en el abdomen.
La violencia limita el acceso de las mujeres a la planificación familiar, que puede llegar a reducir la mortalidad materna entre un 20 y un 35 por ciento al disminuir la exposición de las mujeres a riesgos de salud relacionados con el embarazo.
Embarazos no deseados
Una privación esencial de la libertad
Las mujeres que son víctimas de la violencia suelen tener más hijos de lo que ellas mismas desearían.
Esto no sólo demuestra el poco control que tienen sobre las decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sino que también reduce los posibles beneficios demográficos de la salud reproductiva, que, según se calcula, disminuyen la pobreza en un 14 por ciento.
Existen diversas prácticas lesivas que pueden dañar la salud materno-infantil.
El matrimonio infantil, que da lugar a embarazos precoces y no deseados, plantea riesgos que suponen una amenaza para la vida de las adolescentes: las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de mortalidad de adolescentes entre 15 y 19 años en todo el mundo.
La mutilación genital femenina o ablación aumenta el riesgo de que se produzcan obstrucciones y complicaciones durante el parto, muertes de neonatos, hemorragias postparto, infecciones y muerte de la madre.
Esto no sólo demuestra el poco control que tienen sobre las decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sino que también reduce los posibles beneficios demográficos de la salud reproductiva, que, según se calcula, disminuyen la pobreza en un 14 por ciento.
Existen diversas prácticas lesivas que pueden dañar la salud materno-infantil.
El matrimonio infantil, que da lugar a embarazos precoces y no deseados, plantea riesgos que suponen una amenaza para la vida de las adolescentes: las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de mortalidad de adolescentes entre 15 y 19 años en todo el mundo.
La mutilación genital femenina o ablación aumenta el riesgo de que se produzcan obstrucciones y complicaciones durante el parto, muertes de neonatos, hemorragias postparto, infecciones y muerte de la madre.
Violencia y expansión del sida
Retroalimentación
La violencia fomenta la pandemia del VIH /sida.
La violencia limita la capacidad de la mujer de protegerse frente al VIH, y las mujeres que viven con el VIH o el sida a menudo son víctimas de abusos y estigmatización.
Las jóvenes corren un riesgo muy alto de sufrir violencia relacionada tanto con el VIH como con el género: representan aproximadamente el 60 por ciento del total de 5,5 millones de jóvenes que viven en el mundo con VIH/sida.
Las mujeres ya tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades que los hombres de infectarse con el VIH durante las relaciones sexuales, y este riesgo se ve incrementado por el sexo forzado o las violaciones de que son víctimas y el consiguiente uso limitado del preservativo y los daños físicos derivados.
En Estados Unidos, el 11,8 por ciento de las nuevas infecciones de VIH entre mujeres mayores de 20 años registradas el año pasado se atribuyó a la violencia ejercida por la pareja.
Diversos estudios realizados en Tanzania, Ruanda y Sudáfrica permiten concluir que las mujeres que han experimentado violencia a manos de su pareja tienen más probabilidades de contraer el VIH que las que no la han sufrido.
Hasta el 14,6 por ciento de las mujeres del África subsahariana y el sureste asiático afirmaron que, cuando hicieron pública su condición de seropositivas, sufrieron la violencia de su pareja, y el temor a esta violencia constituye una barrera para que una mujer haga pública su condición y acceda a una asistencia adecuada.
La vida es peligrosa para las mujeres y niñas que viven en barrios de tugurios.
Las mujeres que viven en zonas urbanas pobres corren un elevado riesgo de sufrir violencia física y psicológica, y tienen el doble de posibilidades que los hombres de ser víctimas de la violencia, sobre todo en los países en desarrollo.
En São Paulo (Brasil), una mujer es atacada cada 15 segundos.
En Chile, las pérdidas económicas de las mujeres como resultado de la violencia doméstica cuestan 1.560 millones de dólares o más que el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1996, y en Nicaragua llegan a 29,5 millones o 1,6 por ciento del PIB nacional en 1997.
En Guatemala, los costos de la violencia ascendieron al equivalente de 7,3 por ciento del PIB.
Todo este cúmulo de información “contable”, debe servir para hacer reaccionar a los estados y gobiernos sobre lo beneficioso que sería la reducción de la violencia de género, y lo estratégico que es para el desarrollo de los países.
La violencia limita la capacidad de la mujer de protegerse frente al VIH, y las mujeres que viven con el VIH o el sida a menudo son víctimas de abusos y estigmatización.
Las jóvenes corren un riesgo muy alto de sufrir violencia relacionada tanto con el VIH como con el género: representan aproximadamente el 60 por ciento del total de 5,5 millones de jóvenes que viven en el mundo con VIH/sida.
Las mujeres ya tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades que los hombres de infectarse con el VIH durante las relaciones sexuales, y este riesgo se ve incrementado por el sexo forzado o las violaciones de que son víctimas y el consiguiente uso limitado del preservativo y los daños físicos derivados.
En Estados Unidos, el 11,8 por ciento de las nuevas infecciones de VIH entre mujeres mayores de 20 años registradas el año pasado se atribuyó a la violencia ejercida por la pareja.
Diversos estudios realizados en Tanzania, Ruanda y Sudáfrica permiten concluir que las mujeres que han experimentado violencia a manos de su pareja tienen más probabilidades de contraer el VIH que las que no la han sufrido.
Hasta el 14,6 por ciento de las mujeres del África subsahariana y el sureste asiático afirmaron que, cuando hicieron pública su condición de seropositivas, sufrieron la violencia de su pareja, y el temor a esta violencia constituye una barrera para que una mujer haga pública su condición y acceda a una asistencia adecuada.
La vida es peligrosa para las mujeres y niñas que viven en barrios de tugurios.
Las mujeres que viven en zonas urbanas pobres corren un elevado riesgo de sufrir violencia física y psicológica, y tienen el doble de posibilidades que los hombres de ser víctimas de la violencia, sobre todo en los países en desarrollo.
En São Paulo (Brasil), una mujer es atacada cada 15 segundos.
En Chile, las pérdidas económicas de las mujeres como resultado de la violencia doméstica cuestan 1.560 millones de dólares o más que el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1996, y en Nicaragua llegan a 29,5 millones o 1,6 por ciento del PIB nacional en 1997.
En Guatemala, los costos de la violencia ascendieron al equivalente de 7,3 por ciento del PIB.
Todo este cúmulo de información “contable”, debe servir para hacer reaccionar a los estados y gobiernos sobre lo beneficioso que sería la reducción de la violencia de género, y lo estratégico que es para el desarrollo de los países.
Según un estudio efectuado en India, una mujer pierde, en promedio, un mínimo de cinco días de trabajo remunerados por cada incidente de violencia a manos de su pareja, mientras que en Uganda aproximadamente el 9 por ciento de los incidentes violentos ocurridos obligaron a las mujeres a perder tiempo de trabajo remunerado equivalente a unos 11 días al año.
Se calcula que los costes anuales de la violencia a manos de la pareja y/o expareja, ascendieron a 5.800 millones de dólares en Estados Unidos y 1.160 millones en Canadá.