JBS candidata a una nueva multa

La jueza del Trabajo, VivianeColucci, emitió una tutela anticipada, a pedido del Ministerio Público del Trabajo de Santa Catarina (MPT-SC), para determinar que el frigorífico Tyson, en São José, empresa del Grupo JBS, cumpla con la legislación laboral en lo relacionado con la extensión de la jornada laboral.

La empresa debe dejar de someter a los empleados a jornadas superiores a las 10 horas diarias, a trabajar durante días feriados sin la autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTPS) incluso en caso de extrema necesidad de servicio y deberá conceder un intervalo mínimo de 11 horas entre las jornadas, así como otorgar descanso semanal remunerado, de lo contrario recibirá una multa mensual.

De acuerdo con la jueza “se verificó por medio de 22 Autos de Infracción, emitidos por los Auditores Fiscales del Trabajo, que los trabajadores están sometidos a jornadas que llegan a 18 horas y donde, en muchas oportunidades, el intervalo entre las mismas es eliminado, descansando los trabajadores apenas 7 y 8 horas. 

Se observa, además, que el descanso semanal no es concedido, habiendo labor ininterrumpo por hasta 12 días, con la supresión incluso de los feriados”.

Y resalta en su decisión monocrática que las infracciones verificadas "suponen un alto riesgo para la integridad y salud de los trabajadores de la empresa, principalmente porque el trabajo exhaustivo es uno de los elementos que más contribuyen al el aumento de los accidentes de trabajo”.

La multa por incumplimiento fue arbitrada en 50.000 reales (14.000 dólares) por mes por ítem incumplido. El MPT también exige la condena de la empresa y la indemnización de 50 millones de reales (14 millones de dólares aproximadamente) por daños morales colectivos.

Los auditores fiscales del trabajo han emitido 22 Notificaciones de Infracción. El informe de la auditora Fiscal del Trabajo, Lílian Carlota Rezende, apunta a que sólo entre agosto y septiembre de 2014, han sido registrados 3.550 casos de jornadas de más de 10 horas diarias. 

En general, la empresa requiere jornadas de 14 horas de forma habitual. También fueron constatados intervalos de apenas 4 horas entre las jornadas de trabajo, cuando la ley exige un mínimo de 11 horas. Algunos empleados llegaron a trabajar 12 días consecutivos.

La auditoría también comprobó grave incumplimiento de la protección de maquinaria y equipos (NR 12); omisión de medidas preventivas en el uso de amoníaco; recipientes a presión inadecuados, entre otros graves ilícitos laborales.

Debido a la omisión de la compañía para proporcionar medidas de seguridad se han producido accidentes graves en el trabajo, con la amputación del dedo de la mano derecha de un trabajador (04/2014); amputación de los dedos de un trabajador (09/2014) y quemaduras de segundo grado debido al uso de recipientes a presión, inadecuados (02/2014).

El 20 de mayo de 2015, la jueza Patrícia Braga Medeiros D´Ambroso, actuando en el Juzgado de 1er Turno de Trabajo de São José, determinó que, en un plazo de cinco días, la empresa debe dejar de someter a sus empleados a jornadas de trabajo superiores a 10 horas diarias, debiendo conceder un intervalo de 11 horas entre las jornadas y respetar el descanso semanal.

Tyson también se vio obligada a comprobar, en un plazo de 15 días, el ajuste de los biodigestores, adoptando medidas preventivas contra riesgos de quemaduras y amputaciones debido al peso excesivo en las tapas de estos equipos, contra la fuga de amoníaco, dispositivos con trabas internas para prevenir accidentes y amputaciones en maquinaria y equipos, así como medidas de prevención contra la caída de personas y objetos.

En la decisión, la jueza ya había fijado multa de 14.000 dólares por mes por ítem incumplido, considerando riesgo grave para la integridad y salud de los empleados de la compañía “debido a la actividad de la demandada; las largas jornadas constatadas, sin descanso adecuado; la falta de prevención de accidentes en maquinaria y en el ambiente de trabajo; sin duda, conlleva un grave riesgo para la integridad y salud de los trabajadores de la empresa.

Es evidente que hay riesgo de daño por la demora de la prestación jurisdiccional, debido a la propia naturaleza de la actividad de la demandada, como ya fuera mencionado: repetitiva, en ambientes fríos, con largas jornadas, con máquinas desprovistas de protección elemental”.

Sin embargo, la sentencia dictada por el Juez del Trabajo Elton Antônio de Salles Filho declaró la ilegitimidad del MPT para iniciar una acción civil pública con pretensión de impedir que la empresa someta a sus empleados a jornadas superiores a las 10 horas diarias, pero determinó que la compañía adoptase medidas adecuadas en cuanto a la protección de su ambiente de trabajo en relación con el uso de gas amoníaco, la protección de su maquinaria y equipos, entre otras medidas. La decisión de ese magistrado también negó la indemnización por daños morales colectivos.

Según el fiscal del Trabajo Sandro Eduardo Sardá, coordinador nacional del Proyecto de Frigoríficos del MPT, en función de lo que ha sido investigado “resulta evidente que Tyson de São José no adopta las medidas necesarias de prevención contra la fuga de amoníaco, poniendo en peligro la vida de los 1.300 trabajadores de la unidad”. 

Recientemente, graves accidentes con ese gas hospitalizaron a 66 empleados en una planta de JBS en Paraná y más de 30 en Rio Grande do Sul.

En la demanda civil pública, presentada el 19/05/15, el Ministerio Público del Trabajo exigió, además de la tutela anticipada, una indemnización por daños morales colectivos en el valor de 14 millones de dólares; una indemnización por daños morales individuales y el pago de horas extra por no otorgar intervalo de 11 horas entre jornadas.

Según Sardá, las empresas del Grupo JBS adoptan una conducta deliberada de precarización de las condiciones de trabajo, sin cualquier tipo de preocupación por la salud y seguridad de sus empleados, aún estando conscientes de la presencia de graves agentes de riesgo en sus frigoríficos.

"Es inaceptable que una empresa que facturó 390 millones de dólares, apenas en el primer trimestre de 2015, siendo que 35 por ciento de su capital está en manos de los bancos públicos (BNDES y Caixa Econômica Federal), adopte niveles tan precarios en sus relaciones laborales”, concluyó.

Para el procurador del Trabajo, el grado de precarización de las relaciones laborales es tan grande que se está generando una situación en la que cada unidad de JBS en Brasil será objeto de una Acción Civil Pública.

En Santa Catarina, JBS ha sido procesada por el MPT, en las plantas de faena de las unidades de São José, Forquilinha, Nova Veneza, Itaiópolis, Ipumirim e Itapiranga. Las unidades que no fueron objeto de demandas civiles públicas son apenas las de Morro Grande y Seara (Seara).

Sardá señala que, en relación con la unidad de Morro Grande, el MPT ha completado su fiscalización y en las próximas semanas será presentada una Acción Civil Pública.

El Fiscal afirmó: “es absolutamente lamentable que una empresa del porte de JBS, cumpla la legislación laboral solamente a través de demandas civiles públicas”.

Para Sardá “en todas las unidades inspeccionadas surgen graves violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores, todas recurrentes y relacionadas con las jornadas exhaustivas, con el ritmo excesivo de trabajo, el desplazamiento excesivo de cargas, la falta de protección en las máquinas y equipos, falta de prevención en el uso de amoníaco y el uso inadecuado de los recipientes a presión, generando daños graves e irreparables para la salud de los trabajadores”.

El fiscal Sandro Sardá informó que el Proyecto Nacional de Adecuación de las Condiciones de Trabajo en los Frigoríficos del MPT está estudiando la presentación de una Acción Civil Pública contra el BNDES para impedir que la institución financiera traspase recursos al Grupo JBS frente a su habitual conducta de incumplimiento de las leyes laborales.

En los últimos años, JBS ha recibido del BNDES subsidios por más de 2.000 millones de dólares aproximadamente.