“Hoy puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar. Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso, y lo digo con todas las letras: explotan”, señaló en un foro empresarial en Málaga.
Catalán apuntó que todos los empleados en sus hoteles estaban contratados de forma indefinida, incluidas las camareras de piso. Las palabras de Catalán escocieron y mucho entre el sector hotelero por dos razones.
Fuentes empresariales consultadas por Cinco Días apuntan a que aplicar la reforma laboral no es un delito y no supone ninguna explotación laboral y denuncian la hipocresía del presidente de AC Hoteles, que tiene externalizados los servicios de restauración de gran parte de sus hoteles.
Las explosivas declaraciones de Catalán han puesto a las camareras de piso en el ojo del huracán del debate sobre las consecuencias positivas y negativas de la reforma laboral.
El último Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería, en vigor hasta 2019, encuadra a las camareras de piso en la cuarta categoría profesional de seis posibles.
Los distintos convenios sectoriales y autonómicos establecen una retribución media que en la gran mayoría de casos supera los 1.200 euros brutos al mes.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. La externalización de su trabajo a empresas multiservicios, que aprovechan la reforma laboral para aplicar la prevalencia de los convenios de empresa sobre los autonómicos o sectoriales, permite que las remuneraciones bajen una media de un 40 por ciento y que la categoría profesional que ocupen sea la más baja del convenio de empresa, al mismo nivel que los peones.
Ambas posibilidades están contempladas en la reforma laboral.
Ernest Cañada, coordinador de la editorial Alba Sud, es el autor del libro Externalización del Trabajo en Hoteles.
Impactos en los departamentos de pisos, uno de los estudios más prolijos sobre esa situación, en el que describe con precisión la situación actual de este colectivo a partir de 100 entrevistas a personas, seis grupos de discusión y las aportaciones personales de 21 agentes sociales, entre ellos sindicatos y empresarios.
El deterioro va más allá de la retribución y de la categoría fijada en convenio. Los convenios establecen una remuneración bruta mensual y la realidad muestra que los nuevos convenios ligados a empresas multiservicios retribuyen a los empleados por cama hecha.
Y eso lleva a situaciones, como las que recoge la publicación, de un trabajador que cobra 750 euros por seis horas, siempre y cuando limpie un mínimo de 15 habitaciones al día a 2,20 euros por habitación.
La merma también afecta a otros conceptos no dinerarios, como el pago de festividades, la nocturnidad, la perdida de antigüedad o el hecho de que los desayunos o las comidas no estén incluidos.
Además de que las cotizaciones a la Seguridad Social son inferiores, afectando a la cuantía de la pensión y de la prestación del desempleo. Con todos esos elementos, la rebaja salarial puede llegar al 60 por ciento.
El proceso de externalización ha sido generalizado en todos los hoteles, aunque el estudio señala que ha sido mucho más intenso en aquellos centros en los que la representación sindical era marginal y en las ciudades.
Los hoteles situados en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, han pasado a depender en gran medida del turista de negocios, que no requiere servicios adicionales como restauración e incluso en muchos casos ni pernocta.
Todo ello ha llevado a un proceso de externalización masiva que en algunos casos ha sido del 100 por ciento.
En el otro lado se sitúan los convenios provinciales de Las Palmas, Tenerife, Baleares y Canarias, que han establecido salvaguardas para evitar descuelgues de convenio con la justificación de las externalizaciones.
En ello se establece como obligatoria la aplicación del convenio sectorial en todas las empresas y trabajadores, “independientemente de que estos sean de la empresa principal, subcontratas, empresas multiservicios o ETTs”.
Baleares es otro ejemplo en el que la representación sindical ha tenido un peso determinante para mitigar el impacto negativo de esas externalizaciones. En la negociación del convenio, iniciada en 2014, se estableció la posibilidad de externalizar servicios.
Tras cuatro meses de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo, en vigor hasta 2017 y prorrogable otros cuatro años si ninguna de las partes lo denuncia, en el que las externalizaciones quedan acotadas a temporada baja (de diciembre a febrero), a períodos nunca superiores a 12 días, con prohibición expresa de acudir a la figura del fijo discontinuo y siempre con las mismas condiciones salariales que fija el convenio.