Honduras es el país latinoamericano más peligroso para las mujeres. El año pasado fueron asesinadas 386 mujeres, una cada 23 horas. Esto significa un aumento del 30 por ciento en comparación al 2022 (Observatorio CDM).

El país centroamericano ha llegado a ser el quinto país con la tasa más alta de femicidios en el mundo (6,47 por cada 100 mil mujeres).

Hasta el 29 de febrero de este año, ya se registraron 40 muertes violentas.

A partir de 2015, ante una situación que se hacía cada año más insoportable, mujeres de redes y organizaciones de todo el país se juntaron para construir una propuesta de ley que promoviera y garantizara el derecho a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado.

Fue hasta 2022, después de las elecciones nacionales, que la propuesta fue entregada a la actual presidenta Xiomara Castro, quien se comprometió a revisar y analizar el documento antes de enviarlo al Congreso Nacional.

Con ese propósito se conformó una Comisión de Seguimiento a la LEI-VCM que, durante varios meses, estuvo reuniéndose con diferentes instancias de los tres poderes del Estado.

Actualmente, la propuesta se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, para que los magistrados den su opinión previa a ser enviada ante los legisladores para su debate.

Objetivos principales de la ley son evitar que ocurran hechos de violencia contra las mujeres, atenderlos con rigurosidad cuando ocurran, sancionarlos de acuerdo al marco legal, reparar víctimas y sobrevivientes.

Se trata, entonces, de combatir las violencias contra las mujeres abordando sus causas, la desigualdad y discriminación desde las raíces de la problemática.

A favor de una rápida aprobación de la propuesta se ha expresado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras.

Durante la presentación del Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh en el país, dijo que para asegurar un abordaje integral a la violencia por razón de género “es necesario acelerar la adopción de políticas públicas integrales”, así como “la aprobación de normas adecuadas que garanticen la prevención y protección”.

A medida que avanza el proceso de consulta y se acerca el envío del proyecto de ley a diputados y diputadas para su discusión y aprobación, crece la presión de los sectores más conservadores de la sociedad hondureña, incluyendo a aquellos de las iglesias evangélica y católica, para que la iniciativa fracase.

En un amplio comunicado, la Comisión de Seguimiento a la LEI-VCM condena las “falsas, enfermizas, retorcidas y perversas narrativas” que tienen como objetivo “generar miedo en la sociedad y anticuerpos en el Congreso Nacional”.

Además de desmontar los falsos argumentos avanzados por estos sectores en contra del proyecto, la Comisión vuelve a solicitar a la presidenta Castro su pronto envío a los legisladores.

“Que no se dejen engañar por estos grupos que usan sofismas y que se encuentran vinculados a personajes que históricamente han flagelado a nuestro país. Oponerse a la LEI-VCM es ser agresor o cómplice de los agresores”, concluye el comunicado.