En víspera del 2 de diciembre, cuando se conmemorarán 105 meses del asesinato de Berta Cáceres, luchadora social vilmente asesinada en marzo de 2016, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió confirmar las sentencias emitidas contra siete de los ocho responsables del crimen.

Entre 2019 y 2021, ex directivos y ex miembros de la seguridad interna de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA)¹, así como ex militares y militares en servicio activo, fueron condenados con penas de entre 30 y 50 años de prisión, como autores materiales del asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro.

También fue sentenciado a 22 años y 6 meses David Castillo Mejía, ex presidente de DESA y ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas.

Contra la decisión de los jueces, los defensores de los sentenciados presentaron recursos de casación.

Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nunca confirmó las sentencias condenatorias, despertando la preocupación de los familiares de la dirigente indígena asesinada, los equipos de la acusación privada, el Copinh y cientos de organizaciones nacionales e internacionales solidarias.

El anuncio de la Sala Penal de la CSJ es sin duda un alivio para las víctimas y un paso más hacia la obtención de verdad y justicia integral para Berta.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), los magistrados confirmaron las sentencias condenatorias de Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edison Duarte (autores materiales) y David Castillo (coautor).

Para Sergio Rodríguez, ingeniero de DESA, la Sala decidió enviar el caso al pleno de la Corte Suprema, debido a la falta de unanimidad entre los magistrados.

Para Castillo, enlace entre los mandantes y los autores materiales del asesinato, la Sala modificó las agravantes en la sentencia, lo cual implicará una reducción de su condena.

Si bien esta decisión confirma la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, el Copinh sigue exigiendo verdad y justicia plena e integral para la dirigente indígena.

Además, el hecho que miembros de la familia Atala, señalados como mandantes del asesinato, continúen en la impunidad y que sigan las presiones indebidas al órgano de justicia para aliviar las penas de ex directivos de DESA, demuestra que dicha estructura criminal sigue vigente y activa.

“El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño, y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales”, escribe el Copinh.

La organización de la cual Berta Cáceres fue cofundadora hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional “a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen”.

“No descansaremos hasta que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus crímenes, y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras”, manifiesta la organización indígena Lenca.

Finalmente, el Copinh, las comunidades Lenca organizadas, igual que la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecieron profundamente todas aquellas organizaciones, instituciones, espacios solidarios comprometidos con la Causa Berta Cáceres “por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia”.