El documento1 tiene por objeto “plasmar lo ocurrido desde una visión integral de las violaciones a los derechos humanos, perpetradas por las llamadas fuerzas de seguridad, a fin de contribuir con las víctimas sobrevivientes, sus familiares y entorno social, para ampliar investigaciones y exigir sanción a los responsables”.
Desde el golpe de estado del 2009 -explica el Cofadeh– se han ido implantando en Honduras mecanismos arbitrarios de gobernabilidad “que priorizan la eliminación de pesos y contrapesos institucionales, así como la desaparición de la independencia de poderes”.
También se ha venido profundizando “la persecución de la disidencia al proyecto político continuista, en el marco de un proceso de criminalización del ejercicio de los derechos constitucionales a la protesta pacífica, la libre asociación y reunión, la libertad sindical, la huelga y la libertad de expresión”.
El fraude electoral del 2017 y la imposición de un segundo mandato ilegal a Juan Orlando Hernández -continua el informe- desencadenaron masivas protestas que fueron reprimidas con violencia, dejando un saldo de más de 30 muertos y centenares de heridos.
Hasta la fecha, todos estos casos han quedado en la impunidad.
La lucha por la derogación de leyes y decretos ejecutivos (PCM) que pretenden reestructurar y transformar la salud y educación pública, enrumbando ambos sectores hacia la privatización de los servicios, ha marcado los últimos dos meses.
La renuencia del gobierno a entablar un diálogo serio y constructivo ha venido exacerbando los ánimos.
Las protestas de médicos y maestros se han extendido a nivel nacional, involucrando a amplios sectores de la sociedad hondureña. La respuesta del gobierno ha sido brutal.
Entre la segunda semana de mayo hasta el 9 de junio, un total de 42 manifestaciones y 136 puntos de protesta en 11 departamentos fueron reprimidas por agentes armados.
También se usaron grupos parapoliciales para infiltrar las manifestaciones pacíficas, generar un ambiente de terror e incertidumbre, aumentar la confrontación, dividir los liderazgos y luego criminalizar públicamente a todo el movimiento.
La represión dejó un saldo de 4 muertes, 33 personas heridas por balas de plomo, perdigones u otros objetos contundentes, 36 golpeadas, 3 actos constitutivos de tortura, 48 detenciones ilegales, 32 amenazas de muerte y 1 criminalizado por razones políticas.
También se registraron varios casos de amenazas y hostigamiento a organizaciones y defensores de derechos humanos, así como a periodistas. Al menos 3 comunidades fueron militarizadas.
Ante esta situación, el Cofadeh exigió al gobierno “garantizar el ejercicio legítimo de la protesta pacífica” y el retiro inmediato de los militares “de las labores de seguridad y contención de multitudes”.
Asimismo, solicitó “abstenerse de levantar campañas de estigmatización y odio contra los liderazgos de la Plataforma de defensa de la salud y la educación” y de otros movimientos que apoyan la lucha contra las privatizaciones.
También exigió el retiro de grupos parapoliciales infiltrados en las manifestaciones, investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas, garantizar la libertad de expresión y la seguridad de periodistas y comunicadores.
Lamentablemente, las movilizaciones desarrolladas después de la fecha de referencia del informe han sido nuevamente reprimidas.
El día 12 de junio, en Macuelizo, Santa Bárbara, varias personas fueron heridas y detenidas.
El profesor Byron Rodríguez, de 28 años, fue golpeado salvajemente y está grave.
En Villanueva, Cortés, el maestro José Ramón Salinas fue alcanzado por una bala disparada por la policía y se está recuperando.
