Estimada embajadora Dogu:

Le escribo para expresar mi profundo desacuerdo con sus declaraciones en el congreso anual de la AmCham la semana pasada y, como ciudadana estadounidense, para afirmar mi deseo de que la política exterior estadounidense hacia Honduras, de ahora en adelante, se base en un compromiso con el multilateralismo, el respeto mutuo y la dignidad humana.

En su declaración, usted afirma que el enfoque del gobierno estadounidense “está en la construcción de la prosperidad, la mejora de la seguridad, y el fortalecimiento de la democracia para beneficiar a ambos países” —sin duda objetivos nobles.

Pero sus argumentos y reproches subsiguientes demuestran que Estados Unidos tiene muy poco interés en cumplirlos.

Como evidencia del compromiso estadounidense con la prosperidad hondureña, usted cita los miles de millones de dólares comprometidos por corporaciones estadounidenses, anunciados por la vicepresidenta Kamala Harris este año en la Cumbre de las Américas (o más específicamente, en la cumbre paralela de CEO de las Américas) en Los Ángeles, como parte de su iniciativa “Llamado a la Acción”, lo cual surge de la Estrategia de Causas Fundamentales de la Casa Blanca que, supuestamente, tiene el propósito de parar la migración desde el triángulo norte de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Luego reprende al gobierno de Honduras por “[complicar] sus probabilidades de éxito” por políticas implementadas en el sector energético; por lo que usted designa “las reformas no muy acertadas de la ley de empleo por hora”; y por “los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión”.

Sin embargo, al examinar sus aseveraciones, claramente demuestra un enfoque único en aumentar ganancias para las corporaciones estadounidenses, a la exclusión de los derechos básicos laborales, ambientales y humanos del pueblo hondureño.
Una política estadounidense basada en estos argumentos representa un golpe tremendo ante la posibilidad de que Honduras logre prosperidad, seguridad y democracia tras 12 años de dictadura, y solamente empeorará la crisis migratoria.

Su alegación, por ejemplo, que los miles de millones de dólares de inversiones de corporaciones estadounidenses como parte de la iniciativa “Llamado a la Acción” aliviarán el sufrimiento económico, se basa en la suposición que esas inversiones crearían trabajos dignos que mejorarían las condiciones de vida para la población hondureña.

Pero desde inicios de julio, los obreros de construcción de su propia embajada han salido a protestar condiciones abusivas e ilegales en el sitio del nuevo complejo.

En lugar de responder a sus quejas legítimas, la embajada, la Oficina de Operaciones de Edificios en el Exterior (OBO) del Departamento de Estado, y el contratista B.L. Harbert han respondido con amenazas, intimidación, violencia y el despido arbitrario e ilegal de casi 200 trabajadores como represalia por simplemente pedir que se les respeten sus derechos legales.

Los 1.100 obreros, quienes durante tres años fueron ilegalmente contratados bajo el marco de la ley golpista de empleo por hora (la cual antes de ser derogada—no reformada—este año, ha sido rotundamente condenada en Honduras como un golpe contra los derechos laborales), y sus familias, han sufrido muchísimo como resultado del cierre del sitio y de ser negado su pago debido.

Muchos han sufrido hambre, y algunos han perdido sus hogares. Entre los obreros despedidos, en particular, decenas se han visto forzado a tomar la dolorosa decisión de migrar hacia Estados Unidos para buscar la manera de alimentar a sus familias.

Mientras tanto, los obreros sindicalizados de PepsiCo—una de los inversionistas más grandes en la iniciativa “Llamado a la Acción” con 1.900 millones de dólares comprometidos—están protestando ante la empresa por negarse durante más de 5 años a negociar un contrato de buena fe, mientras simultáneamente utiliza una estrategia de tercerización con condiciones que favorecen los terceros.

El objetivo transparente de PepsiCo en negarse a negociar con sus empleados y en el trato preferencial que da a terceros es dejar sin trabajo a sus empleados directos y aplastar a su sindicato, Stibys, y de forma más amplia minar los derechos laborales en Honduras para aumentar sus ganancias.

Si PepsiCo lograse destrozar su sindicato mediante sus tácticas de demora y sus prácticas laborales injustas, cualquier trabajo futuro creado mediante la inversión corporativa estadounidense carecerá de las protecciones conseguidas a través de muchos años de lucha, que anteriormente hicieron posible que las y los trabajadores hondureños sindicalizados y sus familias pudieran tener vidas dignas dentro de sus propias comunidades.

Con estos dos breves ejemplos de abusos laborales y ataques contra los derechos de las y los obreros cometidos por el mismo Departamento de Estado por medio de su contratista, y por uno de los inversionistas más grandes de la iniciativa “Llamado a la Acción”, su aseveración de que un aumento en la inversión estadounidense crearía la prosperidad para cualquier que no sea la misma corporación o sus accionistas es especioso.

Al contrario, el tipo de trabajo que se crearía con esta iniciativa tal y como actualmente está diseñada sólo va a empeorar el empobrecimiento y la inseguridad hondureña.

Lo mismo es verdad para las leyes laborales neoliberales antiobreros, como la Ley de Empleo por Hora; la privatización de las utilidades públicas como el sector energético; y otras reformas regulatorias antidemocráticas, antiobreras y en perjuicio del medioambiente de la era del golpe, además de iniciativas abiertamente colonialistas como las ZEDE.

Al criticar al gobierno hondureño por trabajar para revertir esas políticas dañinas, usted les nombra de forma eufemística “incentivos para la inversión”. Sería más preciso llamarles “incentivos para la migración”.

En efecto, si el gobierno estadounidense logra negar al gobierno hondureño revertir cualquiera de estos “incentivos” neoliberales perniciosos, será cada vez más imposible para las familias hondureñas quedarse en sus comunidades, y de llevar a cabo el trabajo colectivo difícil pero necesario de reconstruir la democracia hondureña tras 12 años de dictadura.

Como ciudadana estadounidense con publicaciones extensivas sobre Honduras, basadas en investigaciones etnográficas llevadas a cabo durante los últimos 25 años; que ha tenido el gran privilegio de dar cátedra a estudiantes hondureñas y hondureños en la UNAH como becaria Fullbright, y que ha vivido la violencia del golpe de Estado de 2009 y de sus políticas con apoyo de Estados Unidos, tanto en persona como por medio de los más de cien casos de asilo por los cuales he fungido como experta en condiciones de país en la corte federal estadounidense, me preocupan profundamente las implicaciones de sus palabras y acciones, las cuales han sido denunciadas correctamente por representantes del gobierno hondureño como injerencia en asuntos soberanos.

La población hondureña tiene el derecho de determinar las condiciones de la inversión extranjera en su país, y si determina que esas condiciones deben incluir protecciones laborales y ambientales, derechos de tierra y otras regulaciones con fines de mejorar las condiciones para la prosperidad, la seguridad y la democracia no es asunto de Estados Unidos.

Por eso insisto con firmeza que el Departamento de Estado, la Embajada Estadounidense en Tegucigalpa, y usted como su representante, se acerquen al gobierno y al pueblo hondureño con respeto, y que cesen de intervenir en sus asuntos soberanos.

Tomado de: Criterio.hn
(Los intertítulos son de La Rel).