El 10 de diciembre del 2015, la Oficina Regional del Trabajo de Choluteca llevó a cabo una inspección de oficio en las empresas Melon Export S.A. (Melexsa) y Sur Agrícola de Honduras S.A. (Suragroh), ambas subsidiarias en Honduras de Fyffes.
En más de una ocasión, el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) ha creado subseccionales en dichas empresas, desencadenando la violenta reacción de la patronal que no titubeó en despedir a todos los directivos y crear listas negras para las y los afiliados.
Cientos de personas, en su mayoría mujeres y madres solteras, quedarán sin trabajo. Las condiciones en las comunidades donde viven son difíciles y la represión laboral agudizará aún más esta situación.
Tras constatar un sinnúmero de violaciones a los derechos laborales y sindicales, la Oficina Regional envió tres actas a la central del Ministerio del Trabajo en Tegucigalpa.
Entre otros puntos, los inspectores denunciaron la violación del fuero sindical y el despido ilegal de decenas de trabajadoras, así como el irrespeto del pago del salario mínimo. Por eso, recomendaban obligar a las empresas a pagar un millonario ajuste salarial.
En repetidas ocasiones, el STAS denunció también que las trabajadoras jamás cotizaron al Seguro Social, y han quedado por décadas sin acceso a atención médica ni a jubilación.
Ante el recurso presentado por las empresas, el Ministerio del Trabajo decidió sorprendentemente desechar todo lo señalado por los inspectores regionales, avalando también la tesis patronal de que por ser trabajadoras temporales no pueden ser parte de un sindicato ni gozar de fuero sindical.
El desaire se convirtió pronto en represalia.
Reunido con una delegación de organizaciones nacionales e internacionales, de la cual formó parte la Rel-UITA, que visitó a las mujeres trabajadoras de las comunidades de Permuta y Chagüites para corroborar las violaciones cometidas por las subsidiarias de Fyffes, el todavía jefe de inspectores Eder Chavarría denunció fuertes presiones y hasta amenazas.
Con esta condenable decisión queda aún más evidenciada la aberrante complicidad del Estado con el capital transnacional, a costa de los derechos que se encuentran plasmados en la legislación laboral nacional y los convenios internacionales ratificados por Honduras.
Pese a la difícil situación, Chavarría accedió a brindar una entrevista a La Rel.
-¿Cuáles son las principales violaciones que detectaron en las meloneras propiedad de Suragroh y Melexsa?
-No pago del salario mínimo, del treceavo y decimocuarto mes, de las horas extra y las vacaciones. Tampoco se respeta el pago del bono educativo y el séptimo día. Notificamos todas estas infracciones para que se pudieran corregir y enviamos las actas a Tegucigalpa.
-¿Podríamos decir que las dos empresas meloneras violentan derechos?
-Podríamos definirlo de esta manera, porque sí hay violaciones de derechos laborales.
-¿Qué pasó después?
-Me estoy dando cuenta hoy que las actuaciones que se hicieron pertinentemente en estas inspecciones quedaron sin valor y efecto. En pocas palabras quiere decir que aceptaron las pruebas de descargo presentadas por la empresa.
-Ahora pasará a ser un simple inspector. ¿Cree que eso tiene que ver con los señalamientos hechos a las empresas?
-Lo siento así. Tengo siete años en este cargo y nunca se ha presentado un caso similar. Recursos Humanos me comunicó que voy a ser un simple inspector y que ya no voy a tomar decisiones dentro de la jefatura.