Derechos humanos en Honduras

El 28 de junio de 2009, las fuerzas militares, políticas y económicas provocaron un golpe de Estado que sumió al país en crisis permanente de derechos humanos, de legitimidad y de autoritarismo.

Desde entonces los militares se posicionaron, y se generaron leyes que restringen los derechos humanos.

El golpe de Estado contribuyó a la profundización de la impunidad, a la remilitarización del país, al quiebre de la institucionalidad y a la polarización social.

Durante estos diez años el país ha sufrido serias crisis políticas y sociales marcadas por la represión de las manifestaciones sociales y la criminalización de la defensa de los derechos humanos.

Ello se expresa en:

1. El uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad del Estado (Policía Nacional, Fuerzas Elites, entre estos los TIGRES, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar).
2. La continuada falta de independencia del sistema de administración de justicia.
3. La creación de nuevas instituciones de derechos humanos con nula actuación (Secretaría de Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos).
4. La violación sistemática de los derechos humanos.
5. La impunidad generalizada de las violaciones a los derechos humanos la denegación del derecho de las víctimas, que se ha convertido en una impunidad estructural y ha instaurado una “justicia selectiva” que, por un lado, actuaría de manera tardía en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra, favorecería los intereses de diversos actores vinculados al poder público.
6. La concentración de poder en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y el irrespeto a la legalidad.
7. La persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social que afecta a grandes sectores de la población. En particular, se continúa observando graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, bienes naturales como la tierra y medios de supervivencia.
8. El impacto de los actos de corrupción en el goce efectivo de los derechos humanos, en particular de los DESCA, así como el contexto de las políticas fiscales y presupuestarias del Estado. La administración de los recursos públicos carece de la suficiente claridad, como también de mecanismos lo suficientemente transparentes para controlar su utilización.

Las personas LGBTI se enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada que normalmente permanecen en la impunidad.

Según información aportada por organizaciones especializadas de la sociedad civil, en los últimos años se reportaron 214 asesinatos contra estas personas.

Se han abierto 65 investigaciones, sin que en ninguna de ellas se haya emitido una condena.

La CIDH, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer han señalado que la discriminación y violencia contra miembros de la comunidad LGBTI en Honduras ha sido materia de gran preocupación en los últimos años.

La CIDH considera que la violencia contra las personas LGBTI en Honduras ocurre de manera generalizada. Estos casos quedan impunes, generando la impresión de que la violencia y la discriminación son aceptables.

La Comisión recordó al Estado de Honduras que el derecho a la integridad personal y el acceso a la justicia son principios fundantes de los derechos humanos, revistiendo de especial importancia en relación con las personas LGBTI.

La Comisión también tomó conocimiento del pronunciamiento del Ministerio Público en el marco de una acción de inconstitucionalidad sobre matrimonio a la luz de los principios de igualdad y no discriminación, en donde opinó sobre la posibilidad de otorgar a las personas LGBTI un trato “desigual”.

Al menos 127 fueron en contra de personas “trans o travesti”, y de esos, en 47 se señala que los responsables fueron policías.

Según otro reporte, entre 2008-2016 se registraron 89 muertes de personas trans, siendo Honduras el país con el número relativo más alto del mundo de asesinatos de personas trans, con 10,77 por un millón de habitantes.

Numerosos informes señalan que mujeres trans y trabajadoras sexuales trans son particularmente vulnerables a abusos policiales y son sometidas con regularidad a tratos inhumanos cuando son detenidas por fuerzas de seguridad del Estado.

La Red Lésbica Cattrachas ha indicado que las mujeres trans son blancos fáciles para las autoridades hondureñas a causa de su situación de vulnerabilidad socio-económica; y que víctimas constantes de violencia por parte de la policía”.

Es común la relación de las personas trans y travesti con el trabajo sexual callejero, debido a la dificultad para conseguir otro tipo de empleos, lo que, unido a los prejuicios ya existentes, “ha sido causa determinante para una mayor exposición a los crímenes, sea por parte de la propia policía o de miembros de la sociedad en general”.

Muchas de las detenciones arbitrarias realizadas a mujeres trans trabajadoras del sexo suceden durante encuentros con policías y militares que solicitan sus servicios de tipo sexual y luego se rehúsan a pagar por ellos.

Durante el gobierno de facto de 7 meses de Roberto Micheletti, la incidencia de crímenes contra la vida de miembros de la población LGBTI se multiplicó en 5 (con 23 muertes en el semestre, es decir, más de 3 crímenes de este tipo al mes).

Cabe destacar que durante los múltiples toques de queda realizados en los meses que sucedieron el golpe, las fuerzas de seguridad del Estado ejercieron un fuerte control y resguardo de las calles, y fue precisamente durante estos episodios que resultaron asesinadas las personas LGBTI (particularmente las trans/travesti que ejercen el trabajo sexual) quienes además fueron encontradas en lugares o calles públicas.

Dada esta situación, algunos activistas consideran que existe una fuerte probabilidad de que muchos de los asesinatos cometidos durante este contexto pudieron ser atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado.

También se observa como el Estado de Honduras viola los derechos de los trabajadores, trabajadoras, campesinos y urbanos, violando la libertad sindical en diversas formas: el Estado hace nugatorios los derechos de asociación, contratación y huelga, a lo cual se suma la guerra sucia y la creciente criminalización del ejercicio de los derechos sindicales.

A la luz de los convenios sobre derechos humanos y de la OIT, el trabajo constituye un derecho humano fundamental y, como lo ha expresado la OIT frente al caso de nuestro país, donde se ha perturbado la libertad sindical, «no puede haber democracia sin sindicalismo» y «la situación de violencia que afronta Honduras de manera general hace imposibles las condiciones normales de existencia de la población e impide el pleno ejercicio de las actividades sindicales».

Aunque la Constitución nacional reivindica los derechos humanos, con gran énfasis en el derecho al trabajo, lo cierto es que las reformas laborales, los proyectos de ley en curso y las políticas del gobierno van dirigidas a acabar los derechos adquiridos de los trabajadores, haciendo que el sindicalismo pase de un estancamiento a un proceso de extinción si no hay correctivos a tiempo.

La fuerza de trabajo de Honduras es de 3.944.836 de personas, de los cuales 2.368.797 son hombres y 1.576.038 mujeres.

La tasa de participación total es de 57,5 por ciento, mientras que la masculina sube hasta un 74,0 por ciento y la femenina baja a un 43,0 por ciento.

La tasa de desempleo abierto es de 7,4 por ciento, con una tasa de subempleo visible de 11,5 por ciento y de subempleo invisible de 44,2 por ciento.

El porcentaje de jóvenes entre 12-30 años que no estudian ni trabajan es de 25,3 por ciento (INE, 2016).

En Honduras los contratos de trabajo pueden ser de tipo verbal o escrito, expreso o tácito, individual o colectivo. Para probar la existencia de una relación laboral entre un patrono y un trabajador no es indispensable la existencia de un documento escrito.

Según el artículo 39 del Código del Trabajo, el contrato de trabajo puede ser verbal cuando se refiera al servicio doméstico, trabajos accidentales o temporales que no excedan de sesenta días; a obras determinadas donde se hubiere señalado fecha de entrega, siempre que ésta no exceda de sesenta días; y a labores agrícolas o ganaderas que no se realicen en empresas industriales.

En su más reciente informe -el 4 de junio, en el marco de la 107 Conferencia de la OIT-, la Comisión de Normas señaló fuertemente al Estado de Honduras, por graves violaciones a los derechos humanos y la falta de protección a defensores de estos derechos, la falta de investigación e informes en más de 20 asesinatos de maestros, dirigentes indígenas, sindicales, ambientalistas y campesinos.

Así mismo se reportan 123 amenazas, 4 atentados con lesiones, 12 hostigamientos, una persona víctima de desaparición forzada, cuatro desplazamientos.

Este tipo de violencia genera un ambiente adverso para el ejercicio de la actividad sindical, así como para las agendas sociales y políticas ligadas a la misma.

Gran parte de los sindicalistas amenazados llevaban a cabo procesos de defensa de derechos, sindical y de los territorios, reclamaban restitución de tierras y apoyaban la campaña contra las alianzas público y privado.

Propiciar un espacio de análisis y reflexión sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la involución post golpe de Estado, su impacto en la comunidad LGTBI y de derechos laborales.

Promover el intercambio entre personas defensoras de diferentes partes del país orientado a identificar retos, desafíos y líneas de acción a futuro.

Objetivos específicos:

1. Facilitar un espacio de intercambio de experiencias en torno al ejercicio del derecho al trabajo y libertad sindical, protección, condiciones y garantías para su ejercicio en un entorno propicio y seguro.
2. Identificar los retos, riesgos y desafíos en relación a los derechos de la comunidad LGTBI.
3. Contribuir a mantener en la agenda pública la necesidad de promover el acceso a la justicia de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGTBI y sus derechos laborales.
4. Reflexionar sobre los últimos diez años, el quiebre de la institucionalidad retos y desafíos para recuperar la democracia en Honduras.
5. Analizar el cierre de los espacios de diálogos y la polarización política.
6. Exponer sobre el impacto de las políticas restrictivas en grupos de mayor vulnerabilidad (comunidad LGTBI, gremiales y sindicales).