Foto: Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de TocoaLa sentencia condenatoria fue fuertemente criticada tanto por organizaciones nacionales e internacionales, como por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos (Sedh).
Ante una sentencia arbitraria y un juicio amañado e ilegal que irrespetó el principio de inocencia y el debido proceso, obligando a los ocho defensores a permanecer casi 30 meses en prisión preventiva, el equipo de defensa legal y los activistas decidieron solicitar la aplicación del Decreto de Amnistía, recientemente aprobado por el Congreso.
El Decreto 04-2022 fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro, quien en su discurso de asunción pidió libertad para los defensores de Guapinol.
De forma sorpresiva e inesperada, los magistrados de la Sala de lo Constitucional anularon todo. De esta manera, los ocho defensores deberán ser puestos en libertad de inmediato.
“Nos notificaron sobre dos recursos de amparo. El primero lo introducimos porque considerábamos que la jueza Lisseth Vallecillo, del juzgado de jurisdicción nacional, había ordenado un auto de formal procesamiento y prisión preventiva, sin tener competencia para conocer el caso”, explicó el abogado Edy Tabora.
En la resolución, los magistrados resolvieron devolver el caso al juez de competencia, quien deberá emitir un auto en el cual establezca el sobreseimiento definitivo de los activistas ambientales y su libertad inmediata, en cuanto el juicio nunca debió existir.
El segundo amparo tenía que ver con una resolución de la Corte de Apelaciones que ratificaba la negativa a una revisión de medidas cautelares.
“Siempre lo dijimos. Este juicio vulneraba el debido proceso y el principio de inocencia. Los compañeros deben ser puestos en libertad de inmediato”, dijo la abogada Kenia Oliva.
Los activistas fueron criminalizados y judicializados por defender su territorio, el Parque Nacional “Montaña de Botaderos” y los ríos Guapinol y San Pedro de los impactos del proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc).
Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum, vinculado al sangriento conflicto agrario del Bajo Aguán.
“Con este fallo ya no es necesaria la amnistía. A partir de este momento, exigimos que se agilicen los trámites judiciales para que los compañeros recobren inmediatamente su libertad. Todo aquel funcionario que atraso esos trámites incurrirá en el delito de detención ilegal”, aclaró Tabora.
Mientras tanto, el Comité municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa exigió que se investiguen, procesen y sancionen a los responsables de la criminalización de los ocho defensores.
Asimismo, pidió que se anule de inmediato la licencia minera otorgada a Inversiones Los Pinares.