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El nuevo Código Penal hondureño

Cuando se legitima la criminalización de la protesta

La Unión de Sindicatos de la Alimentación y las Bebidas de Honduras (USTABH), de la cual forma parte nuestro afiliado el Sindicato de Trabajadores de la Bebida y Similares (Stibys), se posicionó públicamente contra el nuevo Código Penal.

En un comunicado, la instancia que representa a miles de trabajadoras y trabajadores hondureños fustigó la reforma del Código Penal por considerar que atenta contra los derechos y las garantías fundamentales al equiparar las acciones de protesta con actos de terrorismo.

Según expresa la USTABH, la nueva normativa “busca impedir la aplicación de disposiciones constitucionales e internacionales, como el derecho a la insurrección, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libre emisión del pensamiento, defensa de la tierra, y derechos de las mujeres; a través de penas desproporcionadas e indebidas, cancelación de la personería jurídica a organizaciones sociales y principalmente a las sindicales, criminalización del derecho a la manifestación, reunión y protesta pública y crea la figura del terrorismo”,

En ese sentido la organización solicita al Congreso que derogue el decreto de ley que contiene el nuevo Código Penal y se proceda a la elaboración de uno nuevo.

“Este no deberá ser una copia de otros emitidos en el exterior”, aplicables a “sociedades cuya realidad es totalmente distinta a la hondureña”

“Considerando que después de la Constitución de la República el Código Penal es la ley más importante del país exigimos que sea construido con la importancia que merece, asegurando la participación activa de auténticos representantes de las organizaciones sociales en el país”, subraya el comunicado.

La USTABH afirma que es “un gran error crear un Código Penal tan represivo contra la oposición política y favorable para corruptos y narcotraficantes”.

“Finalmente –dice la nota – hacemos un llamado al pueblo hondureño a sumarse a las acciones en contra de este nuevo Código Penal, el que, desde nuestra perspectiva, constituye un instrumento para garantizar la violencia del régimen inconstitucional que desgobierna Honduras”.