El domingo 20 Guatemala debe escoger otra vez a sus gobernantes. ¿Pero de verdad se trata de una escogencia o de una nueva trampa de la historia reciente del país?

Cambiar de gobernantes para que nada cambie parece que ha sido una receta infalible.

Desde hace muchas décadas Guatemala ha sido gobernada por una élite cívico militar, vinculada a las grandes transnacionales que se han apropiado de los enormes recursos de este país.

Según el Banco Mundial, Guatemala es la mayor economía de Centroamérica, pero con la segunda tasa de incidencia de pobreza y el menor índice de desarrollo humano del continente, solo después de Haití y Honduras.

Este poder no está siendo cuestionado y tratarán de darle una nueva cara democrática al nuevo gobierno para que al final el cambio no lleve a verdaderas transformaciones.

Sin lugar a dudas, el sistema electoral permite dar la apariencia de un nuevo cambio y para esto se ha utilizado en las últimas décadas, pero parece ser un recurso agotado y toda esperanza de cambios por la vía electoral no hará otra cosa que aumentar la desesperanza.

Tanto es así, que la abstención fue la ganadora en la última contienda de junio.

Con una cifra superior al 40 por ciento, la abstención expresó el rechazo a un sistema electoral poco creíble, que había excluido a tres candidatos presidenciales con opciones reales de triunfar como expresión de los sectores populares.

También las opciones de los pueblos originarios quedaron excluidas por decisiones judiciales o del sistema electoral. No es casual que los votantes se abstuvieran por cientos de miles en todas las regiones.

Desde el “retorno a la democracia” se han sucedido elecciones y candidaturas, unas con más credibilidad que otras, pero al final los poderes de facto son los que renacen como las malas hierbas.

Después de cada episodio aparece la verdadera faz de una democracia castrada, limitada por poderosos intereses económicos, religiosos y militares, a los que ahora se intercala el poder del narcotráfico, que todo lo permea y penetra.

La crisis institucional no puede ser más grave. Grupos fascistas se han enquistado en la estructura del Estado y hacen que el Poder Ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial y la Fiscalía hayan perdido toda credibilidad, cuando logran utilizar las instituciones para eliminar adversarios, bajo el lema de para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.

¿Cómo enfrentar estos retos con una fuerza popular minoritaria?

En este contexto, ¿es posible una alternativa que renueve la democracia e impulse un sistema de justicia fuerte e independiente? ¿Pueden esperarse cambios en la legislación laboral y garantías de libertad sindical?

Si nos atenemos a la experiencia histórica podemos preguntarnos: ¿esta vez los poderes ocultos permitirán un cambio real?

Semilla y su candidato, Bernardo Arévalo, tienen dos opciones: o pactar con sectores de las elites políticas y empresariales para darles garantías de estabilidad y lograr un mínimo de gobernabilidad o hacerlo con la población rural, los pueblos indígenas, los sindicatos y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Pero la falta de una propuesta renovadora de derechos aumenta la desconfianza mutua y hace que esta última posibilidad sea remota, y más bien se piense en una nueva constitución política que reorganice el viejo Estado opresor.

Además, el nuevo gobierno requerirá de capacidad política para enfrentar nuevas demandas del movimiento popular y sindical que siguen pendientes: enfrentar el desempleo creciente, la corrupción, la depredación del ambiente y la violación de los derechos laborales y sindicales, las necesidades de vivienda popular y tantas otras que aún no tienen una solución a la vista.

Desde una perspectiva sindical, solo se puede esperar un diálogo limitado, más represión en las empresas, menos espacios de negociación y una mayor violación de los derechos laborales.

Semilla será una fuerza política minoritaria, con poca posibilidad de incidencia sobre el sistema judicial, legislativo y frente a los poderes fácticos. El camino para el movimiento y para su candidato no es nada fácil.

El Congreso será controlado en gran medida por los partidos tradicionales, incluido el partido Vamos, del presidente saliente, y la UNE, de Sandra Torres.

Incluso si Semilla gana en las urnas este domingo, según lo prevén las encuestas, empezará un camino de obstáculos de todo tipo, inclusive por parte de los militares, porque cada vez más se abre la posibilidad de un golpe frente a la crisis institucional que se va a prolongar por los siguientes años.

Para otras fuerzas políticas como el CODECA, que representa la mayoritaria población indígena, ni Torres ni Arévalo parecen una alternativa a las grandes necesidades de la población guatemalteca.

Existe además una oposición razonada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL) de Telma Cabrera; del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, cuyo proyecto se orienta a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para dar paso a un Estado Plurinacional y la nacionalización de la electricidad.

Si gana, Arévalo deberá gobernar con una institucionalidad fallida.

Este domingo 20 puede repetir el abstencionismo.

Según las encuestas, Arévalo obtendrá más de 60 por ciento de los votos, porque Sandra Torres tiene un elevado número de electores desmotivados.

Todo parece indicar que en este contexto no es posible abrir las puertas a la democracia y enfrentar la arremetida autoritaria. Las elites parece que pueden dormir tranquilas.

Si Arévalo triunfa, cualquier plan de gobierno que pudiera tener enfrentaría la oposición de la mayor parte de bancadas en el Congreso, lo que elimina cualquier tipo de cambios en profundidad.

Arévalo puede darle una cara democrática a un sistema político caduco y fallido, o bien otra vez fallar en el intento.

El poder de la derecha intransigente, de los empresarios fascistas, los militares, la burocracia judicial, así como estructuras criminales, están en entredicho, pero no han sido derrotadas y continúan en el juego político.

Tienen una gran capacidad de mimetizarse entre los laberintos de la institucionalidad democrática de la constitución fallida.

Los pueblos indígenas deberán seguir en resistencia. No hay esperanza de un cambio real.

La democracia guatemalteca sufre la erosión lenta de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Aun así, quisiera pensar que la Semilla de la democracia finalmente germinará y sus frutos serán repartidos en una nueva sociedad multiétnica.