El militante campesino Francisco Pop Leo se convirtió la semana pasada en una nueva víctima mortal de la violencia de los sicarios al servicio de los poderosos.

Originario de la Comunidad Santa Elena Salinas del municipio de Sayaxché Petén, Pop, de 40 años, fue asesinado a balazos en la noche del 17 de octubre en la frontera entre Guatemala y México.

Al día siguiente tenía una audiencia en un juzgado que trata delitos contra el medio ambiente, citado por Industria Chiquibul, una empresa de aceite de palma.

El 9 de octubre el dirigente campesino había presentado, junto a otras personas, una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por diversas violaciones a los derechos laborales cometidas por esa compañía.

Industria Chiquibul acusaba desde hace años a Pop, como a otros dirigentes campesinos y defensores del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas, de usurpación de tierras, una herramienta de criminalización a la que recurren habitualmente los grandes empresarios.

Según la versión de la compañía, Pop y otros dirigentes comunitarios habían usurpado tierras que le pertenecían. Los indígenas consideran en cambio que esas tierras son parte de su territorio ancestral.

Los conflictos entre Industria Chiquibul, una empresa extractiva como tantas, y los habitantes de la pequeña localidad de Santa Elena Salinas, pertenecientes en su mayoría a la comunidad Q’eqchi’, son moneda corriente desde hace varios años.

Los pobladores denuncian las continuas agresiones que sufren por resistir a la apropiación de sus tierras para proyectos forestales y aceiteros, que, además, atentan contra el medio ambiente y la biodiversidad.

Vinculan lógicamente el asesinato de Pop a esas disputas.

Por las mismas horas en que el campesino moría a balazos en la frontera con México era asesinado en Alta Verapaz Gustavo Manuel De León Palma, hijo del sindicalista Joviel Acevedo líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

Solo en el mes de agosto perdieron la vida a manos se sicarios ocho dirigentes campesinos, ratificando que Guatemala sigue siendo uno de los países del mundo más peligrosos para los luchadores sociales.