-La situación de los derechos humanos en Guatemala ha empeorado mucho en los últimos años, ¿no es así?
-Sin dudas. Hay un desconocimiento general del respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades. Comenzando por el presidente Jimmy Morales, que no duda en burlarse de quienes los defienden.
Y hay también una criminalización de los luchadores sociales. Se da sobre todo en lo relativo a los proyectos extractivos.
En los últimos tiempos han matado a diez dirigentes sociales y la violencia contra esta gente es constante.
No sería raro que los autores intelectuales de todos estos crímenes sean los mismos, pero para saberlo se necesitaría que el Ministerio Público investigara a fondo.
Por otro lado, la pobreza en el país es terrible y eso constituye de por sí una violación flagrante a los derechos humanos. Necesitamos servicios públicos de calidad, en salud, en educación, para salir de esta situación, pero la inversión pública es muy escasa.
-Es muy desgastante llevar a cabo su trabajo en estas circunstancias.
-Más aun cuando las autoridades nada hacen y la corrupción campea.
A más corrupción, se sabe, menos derechos humanos.
Hay organizaciones sociales como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) que están queriendo dar el salto a lo político para cambiar este estado de cosas, lo cual es legítimo.
A mí me critican porque defiendo ese derecho cuando se me dice que debería condenar a CODECA porque promueve el no pago de las tarifas eléctricas por considerarlas abusivas.
Cuando los campesinos o los indígenas realizan paralizaciones se los sataniza, pero esa actitud no se tiene con otros sectores.
-El movimiento sindical es también objeto de ataques.
-Sí, de parte de los empresarios o de algunos medios de comunicación, que los ven como un obstáculo al desarrollo.
Creo que algunos sindicatos deberían renovarse, pero es importante que tengan asegurado su derecho a actuar, que esté asegurado el derecho a la acción colectiva.
En resumen, lo que está sucediendo ahora en materia de derechos humanos nos está haciendo retroceder a décadas pasadas, a la época de la guerra sucia, cuando en el combate a la guerrilla las violaciones fueron continuas y atroces.
Casi 36 años duró en Guatemala la guerra civil, y la dirigencia sindical y estudiantil fue reprimida brutalmente en ese período.
-Las nuevas estrategias de criminalización de las organizaciones defensoras de los derechos humanos implican impedirles funcionar, denunciar que están financiadas desde el extranjero, someterlas a continuos controles.
-Sí, ahí está el ejemplo del intento de expulsar del país al embajador de Suecia, un país que ha sido tan solidario con Guatemala desde el terremoto de 1976 y que es un icono en derechos humanos a nivel mundial. No es sólo una torpeza diplomática.
-Que en este marco usted no pierda la fe parece increíble.
-Eso es convicción. No tengo tanto temor. Tal vez más por mi familia, pero seguiré.
Además, me alienta que la ciudadanía sepa movilizarse, como se vio en abril de 2015.
La sociedad civil aparece cuando tiene que aparecer y estamos llegando a un punto de no retorno en que debería reaparecer.
En el mediano plazo confío en que podamos contar con una juventud informada, formada, que actúe.
El año próximo tenemos elecciones y es una oportunidad para castigar a los políticos que han hecho mal las cosas.
En Guatemala, Gerardo Iglesias