La discriminación llegó tan lejos que a ella y a otras trabajadoras no se les entregó el kit que la empresa ofrece a sus empleados en las vísperas de navidad.
“Se nos dijo que no lo merecíamos porque éramos unas muertas de hambre originarias de Maranhao”, uno de los estados más pobres de Brasil, testimonió la operaria.
La empresa se defendió con argumentos que la justicia consideró improcedentes, y el 21 de octubre, por unanimidad, los magistrados la condenaron a pagarle 5.000 reales (unos 1.600 dólares) a su trabajadora.
El hecho puede parecer menor, pero es una perla más del larguísimo collar de condenas que arrastra BRF.
Una de las últimas, hasta ahora la mayor, fue la que padeció a fines de 2015, cuando, junto a la Unión Avícola Agroindustrial, fue obligada a pagar 20 millones de reales (más de 6,6 millones de dólares) por “daño moral colectivo” a los trabajadores de una planta de procesamiento de pollos de Buriti Alegre, también en Goiás.