Desde que fue asimilando la concepción de “guerra total al terrorismo” que propagó Estados Unidos tras los atentados de 2001 contra las torres gemelas en Nueva York, Francia fue incorporando a su legislación disposiciones cada vez más represivas que han sido utilizadas con asiduidad contra “enemigos interiores”.

En paralelo, los cuerpos de seguridad se han ido reforzando no solo en el plano material, sino también en el político, con el apoyo que le han dado sucesivos gobiernos a sus desbordes en la represión de manifestaciones de diverso tipo, en especial callejeras.

Pero el gobierno de Macron ha rebasado cualquier límite, al punto que ha sido denunciado internacionalmente en varias ocasiones y “llamado al orden” por instituciones de la Unión Europea y por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las acciones policiales contra el movimiento social de los “chalecos amarillos”, en 2018 y 2019, fueron un punto alto de la violencia policial, con centenas y centenas de heridos (a menudo con mutilaciones graves, como pérdida de ojos y manos) y detenciones masivas e indiscriminadas de manifestantes.

Un escenario similar se ha dado en los últimos meses con motivo de las marchas contra el proyecto de reforma jubilatoria del gobierno, las más masivas de la historia reciente de Francia, con millones de personas en las calles en todo el país.

Y nuevamente a fines de marzo, cuando una concentración ecologista de protesta contra iniciativas de privatización del agua desarrollada en la localidad rural de Sainte Soline, que reunió a unas 30.000 personas, fue atacada con una violencia desmedida (4.000 granadas lacrimógenas lanzadas en un par de horas, por ejemplo).

Hubo más de 200 heridos, dos de ellos de gravedad, y un joven manifestante se debate todavía hoy entre la vida y la muerte como consecuencia de la acción de las brigadas Brav-M, un cuerpo motorizado empleado habitualmente en la represión a las movilizaciones sociales. El diario Libération denunció el “equipamiento militar” de la policía.

Intelectuales otrora cercanos a Macron, como el sociólogo Pierre Rosanvallon, sostienen hoy que por su manera de gobernar (recurriendo cada vez más a disposiciones legales que limitan la libertad de expresión y de manifestación e incluso el debate parlamentario) y por la violencia de la acción policial, el presidente y el gobierno se están alejando día a día del respeto al estado de derecho y del “respeto al pueblo”.

“Estamos ante la crisis democrática más grave de la historia francesa desde el fin de la guerra de Argelia, en 1962, dijo Rosanvallon.

“En la Francia actual vivimos una verdadera demofobia, una fobia hacia el pueblo”, afirmó a su vez el filósofo Marc Crépon, uno de los tantos intelectuales que hablan de una “deriva iliberal” del gobierno francés.

La idea de “iliberalismo” se empezó a usar a fines de los años 1990 para referirse a gobiernos que habían sido electos en comicios regulares pero que llevaban a cabo gestiones autoritarias.

“En el presunto país de los derechos humanos hay cada vez más actos de gobierno autoritarios, hasta dictatoriales”, dijo Crépon al portal Médiapart, denunciando también el elitismo proempresarial del gobierno y los proyectos del Ejecutivo de ilegalizar a asociaciones y movimientos sociales, incluida la más que centenaria Liga de los Derechos Humanos (LDH).

La última vez que la LDH fue atacada a este punto fue en los años 1940, bajo la ocupación nazi.

No es vano recordar que al ministro del Interior de Macron, Gérald Darmanin, promotor de estas ilegalizaciones, se lo vincula a Acción Francesa, un grupúsculo de extrema derecha surgido a comienzos del siglo XX.