Sorprende que países como Alemania, Francia, España, Portugal, Grecia, Bélgica y los escandinavos, que quieren comprometerse en una política comunitaria, no hayan impuesto una visión del problema desde el prisma de los valores democráticos, los derechos humanos y las leyes internacionales que amparan, protegen y regulan los flujos migratorios y el derecho de asilo.
Austria, Italia, Holanda y casi todos los países del este liderados por el Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa) han conseguido una especie de bloqueo sobre los primeros desde la xenofobia y el racismo que impregnan las políticas ultraconservadoras, cuando no de ultraderecha, de algunos de sus gobiernos.
Esta situación solo se puede entender desde el miedo que produce en Bruselas ahondar en la crisis que vive el proyecto de integración europea y buscar acuerdos de consenso, aunque éstos no sirvan para lo que realmente necesita Europa para avanzar en el proyecto de integración.
Deberían reflexionar que dicho proyecto será viable solo si se abordan y se acuerdan políticas que lo cohesionen en el terreno del fortalecimiento democrático de las instituciones europeas, en particular el Parlamento Europeo.
Si no se tiene la voluntad política de consolidar un marco común en el terreno democrático, político, económico, social, laboral, monetario, fiscal, comercial y de política exterior y de defensa, si no avanza en un sentido federal, con competencias claras que aseguren derechos políticos, sociales y económicos, lo que saldrá será otra cosa pero no la Europa que la ciudadanía necesita.
Para ello se necesita convicción europeísta, voluntad y firmeza política y una hoja de ruta que nos lleve a ese objetivo, en el que sobran la ultraderecha, el neofascismo, el ultranacionalismo, la intolerancia, el racismo y la xenofobia.
Sin embargo, esos elementos se sientan en el Consejo Europeo. Hay que dar la batalla contra ellos, aislarlos, sancionarlos con la retirada de los cuantiosos fondos de solidaridad que reciben de la Unión Europea cuando atenten contra principios democráticos.
No es con paños calientes como se debe enfrentar esta gravísima amenaza a la convivencia democrática y al proyecto europeo. Los gobiernos y las instituciones del continente tienen la responsabilidad de declarar que esas políticas, que tanta ruina trajeron en la historia reciente de Europa, son inaceptables.