Foto: Gerardo IglesiasUn año después, la justicia falló que Molina cobraba un promedio de 199 dólares a la semana, lo que violaba las leyes laborales, incluidas las que rigen el pago de horas extra y las que disponen que una persona debe ganar al menos el sueldo mínimo del estado, que era de 10,50 dólares la hora.
El antiguo patrón de Molina, sin embargo, no le pagó los 23.000 dólares que le debía ni los servicios de los abogados. Su mejor opción era solicitar ayuda de un fondo del estado para trabajadores del sector que fueron robados.
Le tomó más de dos años a Molina recibir su cheque y su antiguo patrón todavía no reembolsó al fondo estatal, como requiere la ley.
Molina, quien lleva 30 años viviendo en California, se vio envuelta en un ciclo tóxico que existe desde hace siglos: los migrantes se encargan de los oficios peor pagados y más arduos, y son las principales víctimas de patrones que no pagan salarios justos.
Y cuando acuden a los tribunales o hacen reclamos ante las autoridades, como en el caso de Molina, generalmente reciben una compensación menor que la que les correspondía con tal de cobrar más rápido o se embarcan en procesos inacabables.
“Te pagan lo que quieren”, dijo Molina, quien hoy tiene 58 años. “Lo único que les importa es que se haga el trabajo lo más rápidamente posible”.
Igual que los ciudadanos estadounidenses, los no ciudadanos cuyos empleos están amparados por el Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) tienen derecho a cobrar horas extra después de trabajar 40 horas semanales y a un sueldo mínimo.
Pero no es inusual que un migrante, tenga permiso de residencia o no, sea intimidado por el patrón —lo que es ilegal— cuando trata de hacer valer sus derechos.
El Departamento del Trabajo no pregunta a las víctimas de presunto robo de salarios si son inmigrantes. Afirma que analiza los casos sin importar el status migratorio de los trabajadores.
Pero un análisis que hizo el Centro por la Integridad Pública indicó que los sectores que más migrantes emplean tienen los índices de robo de salarios más altos.
A nivel nacional, el 16 por ciento de los trabajadores de Estados Unidos nacieron en el exterior. Pero en el área de corte y cosido de ropa, los migrantes constituyen el 42 por ciento. Es uno de los sectores con mayor porcentaje de extranjeros.
El análisis del Centro por la Integridad Pública comprobó también que ese es el sector con el segundo promedio más alto de violaciones a las leyes salariales en los últimos 15 años.
Otros sectores con gran cantidad de trabajadores inmigrantes y alta incidencia de robo de salarios son el de la agricultura, el mantenimiento de edificios y los trabajos en hoteles, restaurantes y otros servicios alimenticios.
En algunas regiones también hay alta incidencia de robo de salarios en el área de la construcción, los geriátricos, los depósitos y el lavado de autos.
La principal central obrera del país, AFL-CIO, dice que es fundamental legalizar a los millones de migrantes sin permiso de residencia para combatir el robo de salarios.
Después de años de parálisis, los demócratas que controlan el Congreso tienen problemas para sacar adelante propuestas que despejarían el camino de muchos migrantes que llevan años viviendo en el país para que regularicen su estatuto.
“La inmigración es una parte integral del crecimiento económico del país”, señaló un informe del 2016 de la Academia Nacional de Ciencias.
“Si la economía estadounidense crece y requiere de más trabajadores para reemplazar a los que se jubilan y para crear nuevas empresas e industrias, la principal fuente de empleados serán los inmigrantes de primera y segunda generación”.
En Los Ángeles nadie cuestiona que los trabajadores sin permiso de residencia constituyen un porcentaje importante de los 45.000 inmigrantes latinoamericanos y asiáticos que trabajan en los talleres donde se confecciona la ropa que acaba en las estanterías de cadenas de prendas finas y otras tiendas.
Cuando surgió la pandemia de Covid-19, el año pasado, muchos trabajadores del sector produjeron tapabocas y otros equipos protectores. Alrededor de 300 trabajadores contrajeron el virus en una fábrica, Los Ángeles Apparel, y seis de ellos fallecieron.
“La pandemia puso de manifiesto el hecho de que una gran cantidad de trabajadores mmigrantes, sobre todo indocumentados, son esenciales”, declaró Víctor Narro, director de proyectos del Centro Laboral de Los Ángeles de la Universidad de California, con sede en Los Ángeles.
“¿Qué vamos a hacer por ellos ahora?”, preguntó.