A comienzos de julio, se contabilizaban casi 1.800 casos de Covid-19 en la zona de Bear River, al norte de Utah. Tres cuartas partes provenían de una localidad, Hyrum, donde JBS dispone de un frigorífico, y unos 1.200 se daban entre la población latina.
El Departamento de Salud del estado estableció que más de 300 operarios de la planta tenían la enfermedad, y que habían contagiado a alrededor de 400 familiares. Todos eran latinos.
A principios de junio, los contagiados con Covid-19 en Hyrum eran menos de 40. JBS cerró parte de su planta, pero sin tomar disposiciones “serias” para contener la expansión del virus, según denunció el sindicato del frigorífico. Lo mismo hace en Brasil.
El frigorífico debió de todas maneras reabrir: el presidente Donald Trump declaró esencial a la industria. No así a los que la hacen funcionar.
Y los que la hacen funcionar, en Hyrum, son además doblemente despreciables: por trabajadores y por migrantes.
“Muchos de los latinos vuelven a trabajar tan pronto como pueden para mantener a sus familias”, aunque no hayan superado por completo la enfermedad, dijo Lizette Villegas, de la ONG The Family Place.
Hyrum fue escenario durante un par de días de movilizaciones callejeras de los trabajadores de los frigoríficos, que exigían equipos de protección y que la planta fuera desinfectada. También que JBS se haga cargo de los salarios de los infectados.
La preeminencia de los latinos entre los infectados con Covid-19 en Utah es llamativa: representan algo menos de la mitad de los casos totales, siendo apenas el 14 por ciento de la población del estado.
Fuente: agencia EFE