-¿Qué es Rebelión Científica y de qué se trató la acción de abril de 2022?
-En marzo de 2022 más de 4.500 personas firmamos un llamamiento de la comunidad científica titulado “Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática”(i) .

Así manifestábamos nuestro apoyo público a las primeras acciones de desobediencia civil científica coordinadas por el colectivo Rebelión Científica (surgido a partir del movimiento Extinction Rebellion) en más de 25 países(ii) .

El objetivo era alertar sobre la extrema gravedad de la crisis climática y hacer avanzar una demanda política: democratizar la acción climática a gran escala mediante la participación ciudadana institucionalizada en ámbitos del tipo de las asambleas ciudadanas(iii).

Aunque yo no pertenezco a Rebelión Científica —mi militancia principal está en Ecologistas en Acción—(iv) , comparto su denuncia. Firmé el llamamiento y participé, junto con unas 70 personas de Rebelión Científica y otros colectivos —entre ellos, compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción—, en la acción del 6 de abril de 2022 ante el Congreso de los Diputados, en Madrid.

-¿En qué consistió esa acción?
-Organizada por el colectivo Rebelión Científica, participamos en ella varias decenas de activistas de un amplio espectro ecologista, lanzando un líquido biodegradable de color remolacha, especialmente elaborado para no dañar la piedra ni dejar manchas, a las columnas y escaleras del Congreso, a modo de sangre simbólica.

Esta acción central, junto con otras realizadas en el conjunto del estado, respondía a la convocatoria internacional con motivo de la presentación pública del último Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, y su mensaje de urgencia: “Nos enfrentamos a una catástrofe inminente; estamos sobrepasando un punto de inflexión climático irreversible sin que los Gobiernos estén actuando en consecuencia”.

El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España en enero de 2020.

Sin embargo, pese a que la situación objetiva se degrada cada vez más, y las perspectivas de un planeta Tierra inhabitable para seres como nosotros empeoran, el gobierno, el Congreso ni otras instituciones están actuando frente a esos peligros.

La desproporción entre la situación de emergencia y la ausencia de respuestas adecuadas nos llevó a la acción del 6 de abril en la Plaza de las Cortes.

-¿Existe en España, como en otras partes del mundo, una criminalización creciente de la protesta ecologista?
-Así como en España se aprobó en 2015 una “Ley Mordaza” como ley anti-15M (para reprimir las protestas de los “indignados” y otros colectivos sociales), se van imponiendo ahora decisiones judiciales y leyes anti-protestas climáticas en diversos países, como vemos por ejemplo en el Reino Unido y en Francia.

Resulta muy paradójico que, enfrentados como estamos al peligro existencial de una tragedia climática, instituciones del Estado que deberían dedicar sus esfuerzos a proteger a los ciudadanos y ciudadanas se dedican más bien a castigar con dureza las alertas que podrían conducir a un despertar social.

He de insistir en que la protesta del 6-A de 2022 fue exquisitamente no violenta y en que no se produjeron daños contra el edificio del Congreso de los Diputados, aunque en eso consiste la acusación de Fiscalía contra las 15 personas que fuimos detenidas: piden 21 meses de prisión, y multas, por un inexistente delito de daños al patrimonio histórico.

Criminalizando la protesta no violenta, una sociedad se daña a sí misma, y por partida doble si es una sociedad democrática: se priva de medios para detectar problemas y conflictos y resolverlos con justicia de forma temprana, antes de que se agraven y enquisten.

-¿Cuáles son las principales causas del cambio climático?
-El exceso de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, sobre todo dióxido de carbono y metano, se debe a la inadecuación de nuestros sistemas energéticos basados esencialmente en los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas, la degradación de ecosistemas terrestres y marinos que reduce su capacidad de almacenar carbono, por ejemplo, con la desforestación, el mal uso de los territorios, las formas de vida que chocan contra la sustentabilidad como, por ejemplo, las dietas con elevado consumo de carne.

Si uno rastrea el origen de ese exceso de GEI, se aprecia que prácticamente todos los sectores se ven afectados: energía, agricultura, ganadería, transporte, industria, turismo, consumos domésticos.

Por eso no cabe pensar en hacer frente a la tragedia climática sin cambios sistémicos. Y eso son palabras mayores, claro está.

-¿Cuál es la actualidad del cambio climático y cuál está siendo la respuesta de los gobiernos?
-Cuando Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que con la desestabilización del clima “hemos abierto las puertas del Infierno”, por desgracia no está exagerando(v) .

La situación empeora rápidamente y el temor de las y los climatólogos es que la desestabilización del clima active puntos de inflexión o de vuelco (tipping points) que nos lleven a un estado del sistema Tierra incompatible con el florecimiento de la vida humana, o quizá, incluso, con la vida humana a secas.

Los gobiernos, en gran medida rehenes de poderes económicos supranacionales que no han dejado de fortalecerse a lo largo de los últimos decenios (sobre todo en la esfera financiera), no están a la altura: lo estamos comprobando otra vez de forma dramática estos días, en la COP28 celebrada en Dubái.

-¿Los países pobres son tan responsables como los ricos?
-No, los países de industrialización más antigua, comenzando por Gran Bretaña, tienen una responsabilidad histórica mucho mayor que los países empobrecidos, quienes históricamente han emitido menos GEI que los primeros.

Ésa es la razón por la cual se ha propuesto alguna vez calificar al Antropoceno(vi) no sólo como un “Capitaloceno”, sino también como un “Angloceno”.

-¿Qué se debe hacer para detener el cambio climático?
-Cierto nivel de calentamiento global no puede ya detenerse, hemos dejado pasar demasiado tiempo sin actuar: se trata entonces de intentar evitar sus peores efectos.

Esencialmente deberíamos realizar una transición ecosocial a gran escala, dejando atrás los combustibles fósiles y descarbonizando nuestros sistemas productivos. Muchos creemos que eso no puede hacerse sin superar el capitalismo.

Hay dos verdades que, más que incómodas —Al Gore(vii) acuñó aquella expresión de an inconvenient truth—, son inaceptables desde la visión del mundo que prevalece. Pero si no nos hacemos cargo de la realidad estamos perdidos.

La primera es que el calentamiento global (más bien hay que hablar de caos climático o tragedia climática) no significa sólo algunas molestias más para nuestra vida cotidiana como un poco más de calor en verano, disponer de algo menos de agua de lo que solíamos, precios de los alimentos más altos: lo que está en juego son sociedades inviables en una Tierra inhabitable.

Y la segunda verdad inaceptable es que la crisis energética no tiene ninguna solución que no implique vivir usando mucha menos energía, lo que exige autolimitación y frugalidad en el Norte global.

No aceptamos que buena parte de lo que hemos llamado “progreso” y “desarrollo” a lo largo de los dos últimos siglos se debe en buena medida a la excepcionalidad histórica de los combustibles fósiles y a la estupefaciente sobreabundancia energética que nos proporcionaron.

-¿Cómo continuará el proceso judicial contra ti y los demás acusados? ¿Cuáles serán las próximas instancias y cuándo ocurrirían?
-Fiscalía ha decidido acusarnos a las 15 personas que fuimos detenidas tras la acción de protesta climática del 6 de abril de 2022 ante el Congreso de los Diputados.

Una vez terminada la fase de instrucción (investigación en la que el juzgado realiza las gestiones oportunas para intentar esclarecer cómo sucedieron los hechos y quiénes y cómo han participado en ellos), Fiscalía ha decidido formular acusación.

Se nos acusa de un delito de daños contra el patrimonio histórico: artículo 323.1 del Código Penal. Se solicita para cada persona acusada una pena de 1 año y 9 meses de prisión y el pago de responsabilidad civil de 2.592,29 euros para el Estado y 713,57 euros para el Ayuntamiento de Madrid. Estas cantidades entre todas las personas acusadas, no a cada persona.

Es pronto aún para saber si habrá una condena, eso resultará del juicio oral que puede tardar tiempo en tener lugar. Yo aún estoy a la espera de otro juicio, por otra protesta climática en la que participé el 7 de octubre de 2019.

Confiamos en que todo este proceso ayude al despertar social que necesitamos para hacer frente a la tragedia climática.