El año 2024 ha estado marcado por las movilizaciones de miles de ciudadanos y ciudadanas en los destinos turísticos más importantes del país, incluidas las Islas Baleares y Canarias.

Estas personas han salido a las calles para exigir un cambio en el modelo turístico, la creación de más viviendas sociales y el freno al aumento de los alquileres, buscando que estos sean asequibles.

En este contexto, se ha reclamado un cambio radical en el modelo turístico actual, que a menudo prioriza las ganancias a corto plazo y contribuye a la precariedad laboral, así como al desgaste de las comunidades locales.

Es necesario transformar este modelo en favor de un turismo que fomente empleos dignos y sostenibles. Esta demanda resuena con fuerza, especialmente en un contexto donde el turismo masivo genera impactos negativos en las ciudades y en la vida cotidiana de sus habitantes.

Es innegable la importancia de implementar regulaciones que controlen las externalidades negativas, como las causadas por las viviendas turísticas y el uso intensivo de las infraestructuras urbanas.

Además, resulta vital abordar las condiciones laborales y garantizar la fiscalización para proteger los derechos de los trabajadores.

De esta forma, el turismo no solo sería económicamente sostenible, sino que también podría tener un impacto positivo en la sociedad.

Otro cambio necesario es la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda por parte de las comunidades autónomas en las zonas tensionadas.

Esto permitiría reducir los alquileres en función de los salarios y crear, a medio y largo plazo, una red de viviendas sociales en alquiler.

Se ha demostrado que las políticas de vivienda en España han sido un fracaso, a pesar de los 160.000 millones de euros en beneficios fiscales otorgados al sector en los últimos 30 años.

Estas medidas no han logrado reducir los precios, ya que fomentar la demanda sin abordar la oferta no funciona.

Es hora de actuar: frenar la compra especulativa y reducir los alquileres. Las casas son para vivir, no para especular.

El aumento del precio de la vivienda está empobreciendo a las familias, y la situación se agrava con miles de desahucios anuales. Además, las personas sin hogar son cada vez más jóvenes. Por ello, es esencial exigir que, en las zonas tensionadas, los alquileres no puedan subir y se ajusten a los ingresos salariales.

Asimismo, es urgente implementar una moratoria sobre las viviendas turísticas.

El bono joven no es una solución efectiva ni estructural, ya que no aborda la raíz del problema. Es necesario destinar recursos a políticas que frenen la especulación inmobiliaria, responsable de la escalada de precios en el mercado del alquiler.

Se requieren medidas fiscales para controlar a los grandes tenedores de vivienda y detener la escalada de precios. Esto debe basarse en estudios realizados por el propio Ministerio, que determinen precios justos según las zonas.

El negocio inmobiliario es hoy un obstáculo para la emancipación de millones de personas. Es hora de dejar atrás políticas erráticas que inflan el precio de un bien especulativo en lugar de garantizar un derecho básico.

Ante la inacción de quienes deberían intervenir, proponemos recuperar el derecho a una vivienda digna:

1. Frenar la actividad de los fondos buitres.
2. Acabar con el fraude del alquiler de temporada.
3. Construir vivienda social de alquiler no recalificable.
4. Regular la vivienda turística mediante una moratoria y limitar temporalmente las licencias hasta contar con un estudio detallado sobre su impacto en España.

Por último, debemos ser conscientes de que enfrentamos a un lobby muy poderoso, el sector inmobiliario-turístico, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación.

Por ello, si queremos viviendas dignas y accesibles, debemos seguir movilizándonos en las calles para transformar esta realidad.