Nuestro compañero y amigo Jorge Riechmann, junto a otros 14 investigadores y profesores universitarios, pueden ser condenados a 21 meses de prisión por haber participado en una protesta pacífica denunciando la pasividad del gobierno español, entre otros, ante el cambio climático. La Rel UITA declara su más férreo apoyo a Jorge y al resto de los acusados, y reclama el fin del barbárico proceso judicial.

“Se tiene que infringir la ley para llamar la atención sobre situaciones muy lesivas para el bien general”. Así comentaba Jorge Riechmann la acción emprendida el pasado 6 de abril de 2022 de forma coordinada en más de 27 países, promovida por el colectivo Rebelión Científica y otras organizaciones sociales y ecologistas.

Aquel día de abril, integrantes del colectivo Rebelión Científica se dieron cita ante las escalinatas del Congreso de Diputados y rociaron parte de ellas y del edificio con un líquido rojo, biodegradable y que se quita con agua. La fecha fue elegida porque dos días antes, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, había divulgado un informe en el cual advertía que “Nos enfrentamos a una catástrofe inminente; estamos sobrepasando un punto de inflexión climático irreversible sin que los gobiernos estén actuando en consecuencia”, y agregaba: “En los escenarios que evaluamos, para limitar el calentamiento a aproximadamente 1’5 ºC (2’7 ºF), es necesario que las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global alcancen su punto máximo antes de 2025, a más tardar, y se reduzcan a un 43%, a más tardar, en 2030; por otra parte, también habría que reducir el metano en alrededor de un tercio. Aunque esto suceda, es casi inevitable que superemos temporalmente este umbral de temperatura, pero podríamos volver a situarnos debajo de él a finales de siglo”.

En este contexto, resulta obvio que la acción pacífica de desobediencia civil emprendida por el colectivo Rebelión Científica tenía el objetivo de llamar la atención de la sociedad en diversos países sobre esta grave situación. En el caso de España, además, la manifestación no causó ningún daño patrimonial ni produjo desórdenes o violencia.

A pesar de esto, y en un claro intento de criminalizar la protesta civil, la Fiscalía acusa a Jorge Riechmann y a los otros 14 detenidos de un delito de daños contra el patrimonio histórico, y solicita para cada persona acusada una pena de 21 meses de prisión, además del pago por responsabilidad civil de 2.592 euros para el Estado y 713 euros para el Ayuntamiento de Madrid.

La Rel UITA, junto a sus 89 organizaciones afiliadas en América Latina, no solo hace suyas la preocupación y la denuncia pública realizada por el colectivo Rebelión Científica contra la ausencia de voluntad política suficiente en los gobiernos nacionales para tomar acciones concretas que detengan o mitiguen el cambio climático, sino que rechaza enfáticamente el talante persecutorio y criminalizante de la Fiscalía hacia la protesta social, y reclama el sobreseimiento definitivo de Jorge Riechmann y los otros 14 acusados.

Estaremos siguiendo atentamente la evolución de este caso.

Gerardo Iglesias
Secretario regional UITA

Montevideo, 4 de diciembre 2023