En 2024, miles de personas salieron a las calles en numerosas provincias de España para denunciar la falta de vivienda causada por la especulación inmobiliaria, la subida descontrolada de los alquileres y la turistificación de nuestras ciudades.

Sin embargo, un año después, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado.

El 5 de abril tuvo lugar la primera manifestación estatal contra el negocio de la vivienda, la subida de los alquileres y la falta de regulación de las viviendas turísticas.

Además, se exigió la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda en comunidades autónomas gobernadas por el PP, donde muchas ciudades siguen sin recibir la consideración de «zonas tensionadas» a pesar de la crisis habitacional.

En múltiples ciudades del país, la ciudadanía volvió a exigir un cambio de modelo que garantice el derecho a la vivienda y frene la expulsión de los vecinos de sus propios barrios.

A pesar de las denuncias y las movilizaciones, las administraciones siguen permitiendo el desplazamiento forzoso de residentes para dar paso a viviendas turísticas.

Los alquileres continúan siendo inalcanzables, y el auge del turismo internacional está disparando los precios del alojamiento.

En ciudades como Málaga, esta situación se traduce en una caída del turismo nacional, que en los dos primeros meses de 2025 ha descendido en 38.376 visitantes (-13,28 por ciento) y en 81.141 pernoctaciones menos (-14,28) en establecimientos hoteleros.

Los precios, a su vez, siguen subiendo, haciendo que cada vez más españoles renuncien a viajar.

Esta crisis habitacional y turística no es inevitable. Es el resultado de políticas que priorizan la especulación y el lujo en detrimento del derecho a la vivienda y a un turismo accesible y sostenible.

Las actuales políticas urbanísticas fomentan la turistificación y la gentrificación, expulsando a miles de personas de sus hogares.

Frente a esto, defendemos:

-Barrios habitables y adaptados al cambio climático, con una movilidad eficiente y una mejor calidad de vida.

─Ciudades sostenibles, con espacios comunitarios y acceso garantizado a zonas verdes.

─Regulación de los alquileres, para evitar que la subida de precios expulse a los vecinos.

─Un derecho a la ciudad real, que implique no solo habitarla, sino transformarla según las necesidades de quienes la viven.

Nuestro objetivo es claro: frenar la compra especulativa, reducir los precios del alquiler y exigir una moratoria sobre las viviendas turísticas.

Sin embargo, las autoridades municipales y autonómicas siguen sin tomar medidas efectivas, mientras en otras comunidades ya se han implementado regulaciones.

En lugar de soluciones reales, solo escuchamos discursos vacíos sobre “calidad” que ignoran la precariedad laboral en el sector turístico y en toda la hostelería.

Además, confunden lujo con calidad. La calidad debe ser integral, tanto en un hotel de cinco estrellas como en un hostal, igual que en la restauración.

Sin embargo, se apuesta por el turismo de alto poder adquisitivo, desplazando otras opciones y limitando el acceso a los viajeros con menor presupuesto.

Esto afecta no solo a los residentes, sino también a los turistas nacionales, que encuentran precios cada vez más prohibitivos.

Un modelo turístico y habitacional diferente es posible.

Las soluciones a la crisis de vivienda y turismo no vendrán de quienes se benefician de ella. Por eso, debemos organizarnos y exigir que la vivienda no sea más un bien de inversión sino un derecho, que los alquileres sean regulados, garantizando que los gastos en vivienda no superen el 30 de los ingresos.

La vivienda y el turismo deben ser sostenibles social y ambientalmente.