-¿Por qué los sindicatos están integrándose a las movilizaciones contra la privatización del agua?
-En primer lugar estamos defendiendo, un derecho humano, el derecho al agua en un momento en que la derecha parlamentaria se ha fortalecido en la Asamblea Legislativa después de las elecciones del 4 de marzo.
Y de aquí a tres años vamos a tener una lucha muy ardua con esta correlación legislativa que busca garantizarle las ganancias a la empresa privada, darle total control a los privados del ente contralor del agua e impulsar una privatización encubierta.
En la nueva Ley de Aguas vemos cómo se pretende quitar a las organizaciones de la sociedad civil toda presencia, no tendrán participación siendo que ya existen en las comunidades muchas iniciativas de manejo local del recurso.
Por otra parte el gobierno solo tendrá uno de cinco miembros en la junta directiva, y los demás serán de la empresa privada. Todas las decisiones quedaran en manos de las empresas privadas y corporaciones.
Aunque el ente contralor sigua siendo estatal, esto configura una privatización, aunque los diputados de la derecha lo nieguen.
Por eso estamos protestando, defendiendo el agua ya que es un recurso vital para nuestra sobrevivencia.
De por sí ya tenemos salarios precarios y ya pagamos 15 a 20 dólares mensuales en agua, si esta queda como un negocio privado, ¿cómo vamos a pagar mayores cantidades?
-La ley beneficiaría a las grandes empresas
-Justamente. Estarían asegurando el agua para el beneficio de las grandes empresas, sobre todo la industria azucarera. El sector de los empresarios que representa a esta industria son los que quieren asegurarse el control del agua para su propio beneficio.
Lo peligroso es cómo se ha venido reaccionando desde el gobierno con represión en contra de los estudiantes y el mismo rector de la Universidad de El Salvador en la Asamblea Legislativa, ahora se les quiere perseguir criminalizando la protesta social.
-¿Cómo están enfrentando esto desde el movimiento social?
-Nos mantenemos movilizados. Hemos organizado más de diez manifestaciones en diferentes partes del país, no solo en San Salvador que es la capital, sino también en Morazán, San Miguel y Santa Ana.
Este es un tema que está haciendo que el pueblo reflexione y se levante para defender sus derechos. Por su parte, incluso la dirigencia de la iglesia católica se está pronunciando en contra de la privatización y si este acompañamiento continúa va contribuir a la toma de conciencia, por lo cual creemos que se puede detener este anteproyecto que atenta contra la vida de la gente.
-¿Cómo afecta esto a los trabajadores y trabajadoras?
-Los trabajadores y trabajadoras somos seres humanos, en nuestras comunidades ya vivimos situaciones difíciles con la gran contaminación que hay.
Ya no se puede ir a los ríos, las grandes industrias han contaminado las fuentes de agua. Muchas empresas se han dedicado a crecer con sus capitales en detrimento del ambiente, extrayendo agua y contaminando los cursos.
En Nejapa, una parte está contaminada y la otra se ha secado.
Como sindicato, insertos en la sociedad, vemos el agua como un derecho de toda la población algo que va más allá de los derechos en el centro de trabajo.