Los gobiernos del FMLN renunciaron a sus viejos postulados y a la par que se negaron a aumentar la tributación a los más ricos para aumentar las finanzas públicas, se volvieron dependientes de la cooperación norteamericana para obtener dinero destinado a proyectos relacionados con el agua.
Esa “cooperación” ha funcionado como un verdadero chantaje.
A través de mecanismos como los Fondos de la Cuenta del Milenio (Fomilenio), Estados Unidos forzó tiempo atrás al Ejecutivo salvadoreño a dar el primer paso de la privatización de este recurso: incluir el saneamiento en las leyes de Asocios Públicos Privados (APP).
Gracias a la presión popular, el agua fue excluida en 2013 de la ley de APP.
Cuatro años después, incluir al agua en esa ley fue la nueva condicionante fijada por Washington para que El Salvador recibiera la Fase II de los fondos Fomilenio.
Los diputados modificaron entonces el artículo 3 de la ley, posibilitando que: “entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño, construcción reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de una infraestructura (…), la prestación de servicios públicos o la aplicación, o la explotación o ejecución de una actividad de interés general”.
Las organizaciones sociales exigieron al presidente Salvador Sánchez Cerén vetar la reforma, pero la respuesta que obtuvieron se resumió en los gases lacrimógenos que les lanzaron cuando se movilizaron a mediados de diciembre de 2017.
Las elecciones del 4 de marzo, que significaron para el FMLN un grave retroceso, llevaron a que la fortalecida derecha legislativa se enfocara en el tema del agua.
El nuevo proyecto mantiene la idea de crear un ente regulador del recurso hídrico, pero deja en manos de las élites económicas su junta directiva.
De esta manera se estaría habilitando también a que las grandes empresas puedan explotar pozos propios y comercializar el agua, pese a que la Constitución establece que el subsuelo es de uso público.
Comunidades, sindicatos, ambientalistas, organizaciones de mujeres, sectores académicos, estudiantes y autoridades de las universidades UES y Jesuita, y hasta la jerarquía de la Iglesia Católica se están movilizando para evitar que la recién lograda mayoría de derecha entregue el control del ente regulador al sector privado.
El 14 de junio, esos sectores, encabezados por la universidad, propusieron a la Asamblea Legislativa mecanismos para que los movimientos sociales tengan participación en la discusión de la Ley de Aguas.
Dos días después, tuvo lugar una masiva marcha de rechazo a los avances privatizadores.
A inicios de la década pasada, marchas blancas frenaron la privatización de la salud, recordaron los manifestantes por el derecho al acceso público al agua.
El proceso de movilización, presión y cabildeo contra la privatización del agua apenas empieza, pero la presencia de mujeres, jóvenes y comunidades augura que el tema ha calado en grandes capas de la población que ya conocen los efectos nocivos de las privatizaciones que se sucedieron en los años noventa.
En San Salvador,
Gilberto García