Una distancia grande como un mar

Unos 25 represores argentinos, en su gran mayoría ya juzgados y condenados por otras causas, estarán ante los tribunales en principio durante dos años, para responder por 106 casos de secuestros y homicidios.

 

Entre los acusados están algunas de las figuras más emblemáticas de la dictadura argentina, como los generales Jorge Videla, Luciano Menéndez y Reynaldo Bignone, integrantes de las juntas militares que se sucedieron entre 1976 y 1983. Y habrá también un uruguayo, el único extranjero, Manuel Cordero, detenido en Buenos Aires en prisión domiciliaria desde hace dos años.

 

Cordero operó en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, por donde pasaron decenas de extranjeros -fundamentalmente uruguayos- y algunos argentinos, secuestrados en Buenos Aires y posteriormente ”desaparecidos” en su mayor parte.

 

Casi la mitad (48) de los 106 casos que examinará el Tribunal Oral Federal número 1 de la capital argentina son de uruguayas, y uruguayos serán también buen número de los 450 testigos que declararán en estos próximos dos años.

 

Pero mientras esto sucede en Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata hay serio riesgo de que la mayoría de los responsables uruguayos del Cóndor queden definitivamente sin castigo, y que, en el peor de los escenarios, incluso algunos de los pocos (una decena) que están en prisión sean liberados.

 

A fines de febrero, en un fallo que contravino los tratados internacionales firmados por el país, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia uruguaya decidió declarar inconstitucionales dos artículos de una ley que reconocía a los crímenes cometidos por la dictadura (desapariciones, secuestros políticos, torturas) como crímenes de lesa humanidad y los declaraba por tanto imprescriptibles. El fallo los equiparó a delitos simples, prescriptibles, por lo cual cierra de hecho las causas abiertas en estos momentos contra militares y civiles de la dictadura e impide la apertura de nuevas.

 

En el Centro Militar, club social que reúne a los oficiales retirados de las fuerzas armadas, dirigido por represores gerontes vinculados a la dictadura, hubo brindis. Y se afirma también que lo hubo en la cárcel vip donde están internados el puñado de oficiales detenidos (una cárcel especial montada en un cuartel, con condiciones de alojamiento a las que ningún otro preso puede aspirar).

 

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones de familiares de las víctimas, los sindicatos, juristas y abogados allegados y movimientos de izquierda uruguayos están estudiando las alternativas que se ofrecen para impedir que los crímenes de la dictadura permanezcan impunes.

 

Allí donde la justicia argentina eligió ampararse en el derecho internacional y en la nueva jurisprudencia sobre derechos humanos para juzgar a los militares y civiles acusados de “genocidio”, la justicia uruguaya optó por ceñirse a una visión estrecha, “nacional”, que tiende a favorecer a los represores, dice el abogado Pablo Chargoñia.

 

“La causa por la Operación Cóndor se abrió con una denuncia muy bien fundada”, a comienzos de los años 2000, cuando todavía regían en Argentina las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que clausuraban las causas penales contra los responsables de la dictadura, afirmó por su lado al diario Página 12 el fiscal Miguel Ángel Osorio, encargado de la instrucción, para explicar la génesis del proceso.

 

“Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del ‘delito permanente’: a través de esa lógica se indicó que acá se ha secuestrado a una persona; que todavía no se sabe qué sucedió con ella y por lo tanto se presume que el delito se sigue ejecutando. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada”.

 

Con esa premisa –la opuesta a la elegida hoy por la justicia uruguaya- los abogados argentinos de los familiares de las víctimas de la dictadura, pudieron enjuiciar a los militares por crímenes imprescriptibles, como definen a los delitos de lesa humanidad según las últimas convenciones internacionales en la materia.

 

Los jueces uruguayos disponen de todas maneras de la posibilidad de procesar a los acusados por esos crímenes en función de la legislación internacional, ratificada por el país, “salteando” a la Suprema Corte de Justicia local, pero pocos serían en principio los dispuestos a hacerlo en función de que o bien se les cortaría la carrera o bien se expondrían a “traslados” de juzgados.

 

Fue lo que le sucedió precisamente a una jueza, Mariana Mota, “trasladada” hace algunas semanas “por razones de mejor servicio” por la máxima autoridad de la justicia uruguaya. Mota acumulaba más de 50 causas por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, ya había procesado a algunos acusados por delitos imprescriptibles, como desaparición forzada, y se aprestaba a hacer lo propio con otros…