En un pronunciamiento público, las organizaciones rechazaron el recorte del 50 por ciento del personal del INA, el cierre de casi 20 oficinas a nivel nacional y la drástica reducción presupuestaria.
Asimismo, denunciaron la falta de beligerancia en la búsqueda de una solución de los conflictos agrarios en las regiones de Atlántida y del Aguán, así como la falta de disponibilidad a iniciar un proceso de readecuación de la deuda agraria de las empresas campesinas.
También exigieron el fin de la criminalización de la protesta y la judicialización del movimiento campesino, al tiempo que denunciaron una nueva escalada de violencia en el Bajo Aguán.
-¿Qué está pasando en el Bajo Aguán?
-Lamentablemente el 18 de octubre asesinaron al presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) José Ángel Flores y al directivo Silmer Dionisio George. Estamos muy preocupados.
Llevamos dos años denunciando la infiltración de grupos militares en las organizaciones campesinas y la necesidad de una readecuación de la deuda, que prácticamente nos fue impuesta en 2012 por el gobierno. Nadie nos ha escuchado.
El objetivo es claro: romper el tejido social organizativo a lo interno del sector campesino, asfixiarnos económicamente, dividir y desestabilizar al movimiento y descabezarnos asesinando a dirigentes. Los grupos paramilitares infiltrados, los escuadrones de la muerte han vuelto a sacar sus uñas y nos asesinan.
-¿De dónde viene esta estrategia?
-No cabe duda que es una estrategia montada desde el gobierno, los terratenientes y el lado oscuro de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo final el despojo de la tierra y el fracaso de la propuesta de una reforma agraria integral.
Acordémonos de las palabras pronunciadas por el extinto empresario palmero Miguel Facussé en 2014, cuando dijo que a más tardar en dos años todas las tierras que había vendido al MUCA iban a regresar a Corporación Dinant.
-¿Qué capacidad tiene el movimiento campesino del Aguán de contrarrestar esta estrategia de infiltración, destrucción y muerte?
-Estamos trabajando en eso y lo hemos denunciado nacional e internacionalmente. También estamos a punto de presentar una propuesta de restructuración de la deuda que nos permitirá fortalecer a las empresas campesinas y unir al movimiento.
-¿Qué impacto tendría un eventual rechazo del gobierno a la propuesta?
-El impacto tendría una recaída terrible sobre más de 2500 familias campesinas. Sin embargo no vamos a dar un paso atrás y estamos dispuestos a defender las tierras que hemos recuperado. Nos mantenemos firmes, vamos a elaborar propuestas y vamos a denunciar todas las infiltraciones y agresiones.
Pedimos a todas las organizaciones que nos han acompañado en estos años estar alerta, a estar pendientes de lo que pueda pasar en los próximos meses.
-Un conflicto agrario que parece no tener fin…
-La estructura paramilitar montada después del golpe de Estado ha venido cambiando y afinando su estrategia, en medio de una creciente militarización del territorio y una acelerada infiltración del movimiento campesino.
Ya estamos tomando medidas e investigando este aparato paralelo que persigue el despojo de las tierras.
¡Nunca lo van a lograr!
