“En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, fue la consigna que convocó este año a decenas de miles de personas
Nueva Marcha del Silencio en Uruguay
El retroceso
“En mi patria no hay justicia”
“En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, fue la consigna que convocó este año a decenas de miles de personas que, en silencio y como todos los 20 de mayo desde 1996, coparon el centro de Montevideo en reclamo de castigo a los responsables de los crímenes de la dictadura.

La resolución de la corte amenazó y amenaza con archivar definitivamente las causas abiertas contra militares y civiles acusados de secuestros, asesinatos y torturas cometidos en aquellos tiempos.
No sólo eso hizo la Corte: también desplazó a la jueza Mariana Mota, una de las que llevaba más causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Y su presidente, Jorge Ruibal Pino, declaró que el organismo se levantaría como “una muralla” contra aquellos que quisieran por alguna vía intentar ir contra su resolución.
Desde que en 1985 concluyó la dictadura, el tema de los derechos humanos pasó en Uruguay por fases de todo tipo.
Si bien es cierto que en los últimos tiempos hubo avances importantes, traducidos en que han marchado a la cárcel una decena de militares y un par de civiles y se han abierto causas contra muchos otros, también lo es que esos avances han tenido sus contracaras, y que essa contracaras han pesado, a menudo, más que los avances.
Las más recientes de esas contracaras han sido las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pero “existe en el país una cultura de la impunidad que va mucho más allá de lo que puedan decidir cuatro magistrados de un tribunal”, comentó Ignacio Errandonea, hermano de un militante uruguayo secuestrado en Argentina en 1976 e integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, organizadora de las Marchas del Silencio.
“Hay todo un sistema, que incluye a parte del poder judicial y a dirigentes políticos, que impide que se haga justicia y que se ha convertido en cómplice de la impunidad”, agregó.
Existe “por supuesto la otra parte, que se expresa también en el sistema político y en el poder judicial. Hay por ejemplo jueces que se niegan a aplicar la resolución de la Corte y resuelven regirse por el derecho internacional, para el cual los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Eso alienta”, dijo Valentín Enseñat, integrante de la agrupación Hijos, de hijos de desaparecidos.
En esa lucha entre unos y otros, en ese vaivén entre avances y retrocesos, es que han pasado todos estos años.
“Lo lamentable es que en las casi tres décadas que transcurrieron desde la caída de la dictadura hayan primado quienes optaron por la impunidad”, comentó Errandonea.
Lo lamentable es, coincidió Enseñat, “que todavía estemos acá, en las marchas, pidiendo justicia como si nada hubiera pasado”.
Macarena Gelman, cuya madre argentina fue trasladada clandestinamente desde Buenos Aires a Montevideo en 1976 y fue hecha desaparecer en Uruguay luego de dar a luz, coincidió en que “más allá de los operadores individuales, la justicia uruguaya no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”.
Gelman, nieta del poeta y periodista argentino Juan Gelman, lamentó que “a diferencia de Argentina, donde los torturadores y asesinos mueren en prisión, como debe ser”, en Uruguay buena parte de ellos mueren en libertad, sin haber pasado un solo día en la cárcel.
El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla murió la semana pasada en una cárcel, purgando cadena perpetua por decenas de asesinatos y su participación en un plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.
“Sería deseable que en Uruguay a los torturadores y asesinos no les llegue la muerte antes de haber pagado”, afirmó Macarena Gelman.
Con 94 años encima, Luisa Cuesta, madre de Nebio Melo Cuesta, uruguayo desaparecido en Buenos Aires en los setenta, estuvo nuevamente presente entre los manifestantes. Caminó cuatro cuadras, llevando como siempre un cartelito con el nombre y la foto de su hijo.
También como todos los años, la Marcha del Silencio terminó en la Plaza Libertad. A unos pocos metros de la plaza está la sede de la Suprema Corte de Justicia. Hasta allí marcharon algunos cientos de manifestantes, con pancartas y cacerolas, gritando su bronca.