En el sur de Honduras la conflictividad ha alcanzado niveles muy preocupantes.
Proyectos energéticos, agroindustriales, mineros y turísticos han acompañado la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) 1, y están poniendo en riesgo la sobrevivencia de las comunidades y su población.
Una ‘invasión’ que se enmarca en la profundización de un modelo económico que está pensado para el beneficio de unos pocos y que deja a la inmensa mayoría excluida.
“¿De qué nos serviría tener trabajo y dinero si cuando se vaya la compañía minera habrá destruido las pocas fuentes de agua que nos quedan?
¿Cómo les vamos a explicar eso a nuestros hijos y nietos que heredarán un mundo contaminado”, se pregunta Rubén de la comunidad Ojo de Agua, municipio de El Triunfo.
La lucha de los pobladores de El Triunfo contra la empresa minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC 2, se suma a la de muchas otras comunidades.
En la península de Zacate Grande, los pobladores sufren desde hace años un intenso proceso de desposesión y expulsión por parte de familias poderosas del país.
En Namasigüe, la resistencia al proyecto de energía solar fotovoltaica Los Prados, de las empresas de capital noruego Scatec Solar y Norfund, ha desencadenado un fuerte conflicto.
Misma situación en El Corpus, donde la empresa minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15.000 m² de terreno para extracción de oro.
En Reitoca y Lepaterique, cientos de pobladores se han movilizado en defensa del río Petacón y contra un proyecto hidroeléctrico impulsado por Promotora de Energía Limpia SA (Progelsa) de capital italiano.
También en Pespire la amenaza de la explotación minera no metálica (arena, piedra, grava) hizo reaccionar a la población, que se ha movilizado y organizado.
En las meloneras de Suragroh y Melexsa, subsidiarias de la transnacional Fyffes/Sumitomo, miles de trabajadoras son explotadas y sus derechos sindicales son violados sistemáticamente.
Ante el avance del modelo extractivista, varias comunidades han decidido recuperar el derecho a decidir, tomando el control de sus territorios y bienes comunes, y han comenzado a realizar cabildos abiertos y consultas populares.
El objetivo es declarar sus territorios libres de proyectos de muerte.
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El informe, promovido por HEKS/EPER 3 con el trabajo investigativo de diferentes organizaciones de derechos humanos 4, recoge testimonios de la lucha diaria de pobladores y defensores y defensoras de derechos humanos.
“En nombre del desarrollo quieren imponer proyectos que enriquecen a las empresas a costa del sufrimiento de la gente y la depredación. Algo que descansa en la destrucción no es aceptable”, dijo a La Rel, Guido Eguigure, oficial de programa de HEKS/EPER.
“Las comunidades no van a permitir más despojo. Van a defender lo que les pertenece, cueste lo que cueste”, dijo Leticia Flores, directora de HEKS/EPER.
A medida que crece la resistencia, aumenta también la militarización y la represión. Ya hay un saldo preocupante de heridos, detenidos, judicializados y se multiplican los desalojos violentos.
“La gente está perdiendo el miedo. Hacemos un llamado a las organizaciones amigas a estar atentas porque la represión podría recrudecer”, advirtió Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh.
Convenio COFADEH-Rel UITA
1 Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
2 Los Lirios pretende explotar más de 1.800 hectáreas de tierra para la extracción de oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la zona costera.
3 Asociación de Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza
4 Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Observación de Paz Suiza