Debido al comportamiento no imparcial y arbitrario del tribunal se interpuso un amparo que mantiene vigente la recusación en su contra. Esta acción implica que la convocatoria realizada es ilícita, por lo cual los representantes de las víctimas no se presentaron a la audiencia.
Sin embargo, el Tribunal procedió ilegalmente, declarando que esos representantes habían abandonado el proceso e impuso al Ministerio Público como representante de las víctimas.
Esta decisión fraudulenta deja a las víctimas del caso en completa indefensión, pues, por dos años y medio, el Ministerio Público ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad para impulsar de manera diligente el proceso judicial, practicando sistemáticamente ilicitudes que violentan los derechos a la verdad y la justicia.
La acción del Tribunal se da como represalia ante las denuncias de la representación de las víctimas, que incomodan a las autoridades por su constante exigencia de un juicio independiente e imparcial.
Asimismo, su decisión arbitraria establece, de manera contundente, el compromiso de las autoridades hondureñas de mantener en total impunidad a la estructura criminal responsable de los ataques sistemáticos al COPINH y del asesinato de Berta Cáceres.
Las actuaciones ilegales e ilegítimas del Tribunal de Sentencia compuesto por Esther Carolina Flores, José Anaín Orellana, Delia Lizeth Villatoro y Jocelyn Marie Donaire serán denunciadas ante las instancias correspondientes, como parte de la lucha por la justicia y contra la impunidad.
Las víctimas y su representación legal continuarán exigiendo un juicio que cumpla con las garantías de independencia e imparcialidad, junto a los pueblos indígenas, el pueblo hondureño y la comunidad internacional, por la condena de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.