Esta vez se trata de las fincas bananeras Freeman 1 y 2 de la empresa Limofrut S.A., propiedad de Grupo Acón, ubicadas en Siquirres, Limón, donde los trabajadores, casi siempre reclutados por empresas contratistas, denuncian graves violaciones a sus derechos.

De acuerdo con un comunicado publicado la semana pasada por el Sitrap y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), en estas fincas bananeras muchos migrantes extranjeros son obligados a trabajar con documentos de ciudadanos costarricenses.

Luego, el pago que reciben es colocado en la cuenta bancaria de ese trabajador nacional, y el contratista les cobra una comisión para que puedan retirarlo de un cajero.

Cuando un trabajador se enferma, el contratista le presta dinero y le cobra intereses. Asimismo, no respeta las tarifas acordadas para llevar a cabo un determinado trabajo y le deduce cantidades de dinero exageradas por servicios prestados.

Sitrap y Anep alertan también sobre la apropiación de las cuotas laborales que descuentan a los trabajadores y que, al final, no trasladan a la Caja Costarricense del Seguro Social.

Tampoco reciben pago de aguinaldo, vacaciones, ni les reconocen días feriados, horas extra y cesantía.

Si hablan o denuncian lo que a menudo les toca sufrir, son despedidos e incluidos en listas negras.

A pesar de esta serie infinita de violaciones, Rainforest Alliance sigue certificando los productos de esta compañía frutera.

“Se trata de una violación descarada, sostenida y abierta de los derechos humanos”, dijo a La Rel, Didier Leitón, secretario general del Sitrap.

“Exigimos la contratación directa de los trabajadores, que se respeten sus derechos laborales y que se les reconozcan todos los derechos adquiridos en tantos años de trabajo”, agregó.

El dirigente sindical denunció también la hipocresía de Rainforest Alliance.

“Por un lado dice promover el respeto de los derechos humanos, pero, por el otro, sigue certificando empresas como Acón y otras transnacionales agroindustriales, que violentan sistemáticamente dichos derechos”, explicó.

En ese caso específico, Leitón acusó a la empresa certificadora de ser cómplice de esta situación, y la alentó a suspender la certificación otorgada a Grupo Acón.

“Estas empresas certificadoras se han convertido en las cómplices más dañinas y en la principal herramienta que tienen las compañías agroindustriales para continuar a violentar derechos y maximizar sus ganancias.

Con estas certificaciones —continuó— las compañías engañan a los consumidores de los países donde exportan sus productos.

Por esto —insistió— Rainforest Alliance no sólo no representa ningún beneficio para los trabajadores, sino que es un instrumento de la empresa para lavarle la cara ante el mundo”, concluyó Leitón.