El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo y avalado por un grupo de diputados y empresarios, impediría negociar salarios en el sector público, atentando contra derechos fundamentales de funcionarios y funcionarias estatales.
Se va hacia “un esquema de salario único global que deteriorará y congelará las remuneraciones, cercenando la negociación colectiva” y comprometiendo la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras, dijo a La Rel el abogado laboralista Manuel Hernández.
Con ello se estaría violando el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el principio de negociación colectiva establecido en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agregó.
Distintas organizaciones sindicales manifestaron su oposición al proyecto con las limitaciones impuestas por la pandemia y una legislación que prohíbe las huelgas en sectores esenciales.
Para Luis Chavarría, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), “este es un ataque al estado social de derecho”, un “intento de esclavización económica y regresión laboral” que de aprobarse “incidirá en el aumento de la pobreza, la precariedad salarial, el endeudamiento de las familias y la desigualdad”.
“Estamos frente a una arremetida de la clase político-empresarial que establece salario único para todos los servidores públicos y elimina complementos salariales, conquistas laborales alcanzadas a lo largo de décadas”, detalló el dirigente.
Sindicatos de distintos sectores, incluido el agrícola, y organizaciones sociales convocaron a una manifestación por el centro de San José para el sábado 13.
