Personas trabajadoras de los cultivos de la piña, la palma y el banano trabajan en condiciones laborales que afectan su salud, son sometidos a jornadas extenuantes, explotación solapada y al irrespeto de sus derechos laborales por diversas empresas de la agroindustria en Costa Rica.

Frente a esta situación, un grupo de representantes del sector laboral aglutinados en la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAGH) acudirá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para denunciar las consecuencias ambientales y laborales de la expansión de estas compañías.

Las historias son muchas, pero todas con un denominador común: son personas que dejan su salud, su bienestar y muchas veces su vida, en los campos de cultivos de productos que son vendidos en el exterior bajo sellos de calidad y responsabilidad social.

En términos laborales deben enfrentarse a presiones por trabajar más horas de las establecidas por ley, para cumplir con cuotas de producción; en muchas empresas no hay espacios para el descanso, ni baños cerca de las plantaciones, además los baños para asearse luego de jornada son insuficientes, a sabiendas de que muchas de estas personas están expuestas a químicos perjudiciales. De convenciones colectivas ni hablar.

Maikol Hernandez Arias, secretario general de la FENTRAGH, detalló que muchas de las empresas transnacionales que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Recordemos que recientemente el país ratificó el protocolo contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, las empresas que están en nuestro territorio deben cumplir con los estándares internacionales que se auto imponen en sus códigos de ética”, dijo.

Y cuando se trata del medio ambiente, las prácticas son inaceptables, como la utilización de agrotóxicos que envenenan los mantos acuíferos y afectan directamente a las comunidades.

“La contaminación en las zonas productoras de piña afecta a los trabajadores y las trabajadoras que viven en las zonas aledañas y a las comunidades campesinas que tienen que soportar plagas, la contaminación de mantos acuíferos y se exponen a los abusos en el riego de agroquímicos, además, destruye bosques primarios y fuentes de agua, pues esta actividad impacta negativamente en todo el ecosistema”, añadió Hernández.

De acuerdo con Frank Ulloa, abogado laboralista y asesor de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA) -confederación internacional a la que está afiliada la FENTRAGH- han recibido muchas quejas y denuncias de personas que trabajan en las plantaciones agroindustriales del país, por las malas prácticas de higiene, salud y seguridad laboral.

A fin de establecer las líneas de acción para llevar adelante la denuncia ante la OCDE, ambas organizaciones sindicales desarrollan este 13 y 14 de octubre un seminario para abordar las problemáticas de la salud laboral y el medio ambiente en la agroindustria, donde están intercambiando experiencia y articulando esfuerzos para empoderar a las personas trabajadora del sector.

Contaron con el acompañamiento de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

“Esperamos sentar las bases para la creación de una comisión sindical de salud laboral que se encargue de fiscalizar y controlar el tema de la salud laboral en estas empresas, denunciando todas las violaciones a nivel nacional e internacional”, añadió Ulloa.

Durante el seminario se contó con la participación de Clemens Ruepert, experto de la Universidad Nacional que ha estudiado la contaminación irreversible de los mantos acuíferos como resultado de la utilización de pesticidas utilizados en la producción piñera.

El especialista fue enfático en que, desde hace dos décadas, equipos interdisciplinarios compuestos por ingenieros agrónomos, economistas agrícolas, microbiólogos, químicos y biólogos de las universidades públicas han realizado estudios en las localidades productoras de piña de las zonas sur norte para determinar la presencia de plaguicidas que afectan gravemente este recurso.

“Denunciaremos ante la OCDE y otros organismos internacionales a todas estas empresas y simultáneamente iniciamos una campaña internacional para informar a las empresas compradoras como a los consumidores y sindicatos las condiciones en que se producen, para que muestren su indignación y exijan al gobierno de Costa Rica cumplir con el protocolo contra el trabajo forzoso ratificado por Costa Rica así como también con los estándares ecológicos establecidos por Naciones Unidas”, concluyó Ulloa.