La idea del gobierno costarricense es simple: ofrecer a las empresas transnacionales, fundamentalmente las instaladas en las zonas francas industriales, la agroindustria y las del sector del turismo, la jornada laboral más larga de la región.

Cuando se trata de beneficios para el empresariado todo parece posible en estas democracias fallidas.

Sin pena dejan atrás cien años de limitación de las horas de trabajo y decenas de instrumentos internacionales de derechos humanos quedan en letra muerta.

Una nueva estrategia empresarial que desde hace décadas ha hecho carne en la clase política, está permitiendo relativizar todos los límites a la explotación humana.

Por eso los gobiernos proempresariales se animan a acabar con las limitaciones a la jornada laboral y a prohibir el derecho de huelga.

En Costa Rica, el principal proyecto del gobierno de Rodrigo Chaves fue acabar con la jornada de ocho horas y pasar a “jornadas voluntarias” de 12 horas.

En Grecia, los conservadores de Nueva Democracia van en el mismo camino.

El nuevo marco laboral, según lo proponen ambos gobiernos, permitiría a los trabajadores negociar con sus empleadores jornadas extendidas, por encima de las históricas 8 horas. No en el marco de negociaciones colectivas sino individuales.

Esa “libertad” tendrían, dicen.

Es más que sabido que se trata de una patraña, y que individualmente no se puede negociar una jornada: o la tomas o la dejas.

Estamos en presencia de una nueva doctrina jurídica para garantizar la explotación laboral y el trabajo forzoso.

¿Qué tiene para decir la OIT ante estos atropellos que se están dando a un lado y otro del Atlántico? ¿Qué acciones realizan en protesta las organizaciones sindicales?