Mientras tanto, el gobierno, en conjunto con empresarios del comercio y los importadores, ha demandado ante la Corte Constitucional los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo que imponían un alza en los aranceles con aquellos países con los que Colombia no tiene TLC y cuando el precio sea menor o igual a 20 dólares el kilo o una tarifa de 10 por ciento al valor declarado más 3 dólares cuando sea mayor.
Se refiere a naciones asiáticas, como China, Vietnam, Bangladesh y otras que exportan prendas y textiles con niveles laborales y ambientales por debajo de los estándares internacionales mínimos permitidos con la anuencia de las autoridades comerciales colombianas.
De 13 billones de pesos que los colombianos consumimos al año en ropa solo 7 son de producto nacional, 2 en mercancía con registro de importación y cerca de 4 son de contrabando.
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A lo anterior debe agregarse que los costos de la energía y del crédito están muy por encima de lo que valen en los países con los cuales competimos; esto es, que el denominado costo-país, que atañe al valor de los factores fundamentales de producción, coloca la capacidad nacional de competencia en condiciones de desventaja frente a la mayoría de las otras economías.
Insólito que el gobierno se dedique a sabotear las justísimas peticiones de los industriales de los textiles y las confecciones y no se esfuerce por corregir los males estructurales que les quitan competitividad.
Todas estas deficiencias se agravan en las actuales circunstancias de la economía mundial, de lo que han llamado “guerras” o “tensiones” comerciales, que no es otra cosa que la forma, con Estados Unidos a la cabeza y en forma arbitraria y a la fuerza, como se están moviendo los grandes poderes mundiales para sobreponerse en medio de una crisis de superproducción.
Una crisis que ha llevado incluso a que reconocidas marcas globales hayan quemado decenas de millones de dólares de inventarios de prendas de vestir que no lograron colocar en el mercado. Mientras todo esto pasa, Duque persigue a sus propios empresarios. Insólito.
Por esto tiene razón la Cámara Colombiana de la Confección cuando llama a la movilización del 22 de agosto a empresarios, trabajadores y la sociedad en general para refrendar la justeza de sus peticiones de protección y de cuestionamiento al gobierno que los abandonó a su suerte y somete al aparato fabril a inicuas y asimétricas modalidades de competencia.
Razón tiene Jorge Enrique Robledo cuando dice que en últimas se trata de definir cuáles fábricas de las diversas mercancías -en el contexto global- van a cerrar y cuáles se mantendrán abiertas.
Por lo visto, Iván Duque decidió que las colombianas serían cosa del pasado.
(Columna publicada en El Nuevo Día el 9 de agosto de 2019)