La semana pasada, más de un millón de personas salieron a las calles en Santiago, en la mayor manifestación realizada en Chile en décadas.
Pedían mayor justicia social.
Piñera respondió diciendo que había “escuchado el mensaje”, levantó el estado de emergencia y remplazó a la mitad de su gobierno. Pero no anunció medida de fondo alguna, y las manifestaciones volvieron el lunes. En realidad, nunca cesaron.
Mientras tanto, una misión de Naciones Unidas llegó a Santiago para investigar las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y Carabineros. Permanecerá en Chile hasta el 22 de noviembre.
El martes 29, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile dijo que desde el 18 de octubre, primer día de vigencia del estado de emergencia, recibió 505 denuncias. La mayor parte de ellas corresponden a disparos de proyectiles no balísticos, y hay también reportes de lesiones oculares, de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo y de golpes con lesiones graves.
La Coordinadora Ni Una Menos y Feministas Autónomas denunciaron a su vez la desaparición de 13 mujeres. “Igual que en dictadura”, proclamaba una pancarta que desplegaron con los nombres de las desaparecidas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos elevó el total a 20, integrando a los hombres, y envió las informaciones que maneja sobre cada uno de los casos a la justicia.
“Si bien no estamos aduciendo que sean desapariciones forzadas en el mismo contexto de lo que ocurrió en la dictadura, sí estamos en un estado de excepción constitucional donde el jefe de zona es un general del Ejército y la libertad ambulatoria está en manos de efectivos policiales y militares”, afirmó el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos Yuri Vásquez.
Abogadas Feministas (Abofem) dio cuenta igualmente de ataques sexuales contra mujeres en las comisarías.
Y el fin de semana, es decir después que Piñera anunció que el gobierno cambiaría de actitud, hubo “una avalancha de denuncias” de violaciones a los derechos humanos en la represión a las manifestaciones, dijo Natalia Bravo, coordinadora de comisarías de Abofem.
Aumentan en paralelo las sospechas de que algunas de las ocho personas supuestamente muertas calcinadas en incendios que siguieron a saqueos de supermercados hayan sido asesinadas fuera y sus cuerpos “plantados” al interior de los locales.
La jefa del laboratorio del Servicio Médico Legal, Aleida Kulikoff, que estaba investigando el tema, fue relevada de su cargo.