La semana pasada, un panel de expertos de Naciones Unidas alertaron sobre “la exposición sistemática de trabajadores migrantes mediante engaños” para laborar en el medio agrícola en condiciones “indignas”.

La captación de los trabajadores se produjo en la comuna de Las Cabras, en la región de O’Higgins. Allí, le dijo la presidenta de la ONG Libera Carolina Rudnick a la publicación online chilena El Mostrador, que destapó el escándalo en 2023, que “las empresas involucradas reclutaron a los trabajadores bajo engaño y abusando de su vulnerabilidad”.

Es habitual que en Reino Unido empresas agrícolas “importen” migrantes para trabajar en granjas o en criaderos de aves de corral.

“Algunos de estos operadores cobran en forma ilegal más de 3.000 libras esterlinas (3.800 dólares) a los trabajadores, por seguros laborales, endeudándolos”, denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

“Otros migrantes llegan al país bajo la promesa de un trabajo en el sector agrícola o en el sector de los cuidados, encontrándose con que dicho puesto no está disponible cuando llegan”.

A algunas de estas empresas el gobierno británico les ha cancelado las licencias, pero los trabajadores afectados quedan de todas maneras en situación de desamparo.

“Muchos denuncian haber sido amenazados con deportación, y algunos de los migrantes pueden ser víctimas de tráfico de personas u otras formas de explotación”, agregó.

Hace justo un año fue descubierto en la Patagonia chilena —es decir en pleno desierto— un campamento en el que migrantes haitianos eran sometidos a condiciones deplorables.

Trabajaban de sol a sol en la extracción de turba, vivían hacinados en una choza de nailon, sin baño y expuestos al frío extremo de la zona, no se los alimentaba adecuadamente y debían beber agua de un río contaminado.

El responsable de la súper explotación de los migrantes, el empresario agrícola Jaime Cabrera Almendra, fue condenado a una pena efectiva de cinco años de cárcel.

El tráfico de migrantes y la trata de personas fueron incorporados al Código Penal chileno en 2011, luego que se descubriera que en dos fundos propiedad del político derechista Francisco Javier Errázuriz vivían 150 trabajadores paraguayos que habían sido engañados para trasladarse a Chile, donde fueron sometidos a trabajos forzados.

Hubo que esperar siete años para que se produjera la primera condena por delitos de este tipo.