Brasil registra uno de los mayores índices de conflictividad por la tierra de la región. En general los estados más violentos para los defensores de los bienes comunes y de los derechos de las comunidades rurales e indígenas son los del norte amazónico. Pero ahora esa violencia del despojo y la usurpación se extiende también al sur, de la mano de un Estado que fomenta el odio y el porte de armas, un tándem letal.
“La situación de los defensores de la floresta, las aguas y los derechos humanos se complicó con la pandemia al igual que la situación de los pueblos originarios que están completamente vulnerables en este momento”, dijo a la Rel la activista ambiental y defensora de los bienes comunes Caludelice Santos, que ha vivido de cerca la violencia en el campo brasileño.
Los días 5 y 6 de marzo se realizó en la sede de la Contag en Brasilia, el Seminario Derechos Humanos y Seguridad en la Acción Sindical. Organizado con el apoyo de la Rel UITA, Contag y Contar, el encuentro debatió una agenda de acción conjunta en el combate a una nueva escalada de la ya vieja y conocida violencia en el campo.
La Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR) denunció el asesinato de una defensora campesina en Monjarás por guardias de seguridad de una empresa azucarera. Otros seis campesinos resultaron heridos.
El reciente seminario que se desarrolló en Brasilia en la sede de la CONTAG, abordó la creciente violencia en el campo brasileño y su impacto sobre las comunidades nativas, los sindicalistas y el ambiente. También buscó organizar estrategias de resistencia y denuncia.
“Necesitamos gestar una red de organizaciones, volver a organizarnos, reagruparnos para poder enfrentar este rebrote de violencia”, dijo Carmen Foro, secretaria general de la Central Única de Trabajadores (CUT) y exdirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), en la apertura del seminario “Derechos humanos y seguridad en la acción sindical”, realizado los días 5 y 6 de marzo en Brasilia.
Luiz es agricultor en el municipio de Chupinguaia, en el estado de Rondônia, y posee 35 hectáreas en una zona pretendida por un especulador local que quiere extender sus dominios para arrendarlos a terceros que se dedican al monocultivo de la soja.
Elias D’Angelo, secretario de Políticas Agrarias de la Conta fue uno de los artífices del seminario que buscó coordinar acciones entre diversas organizaciones para construir estrategias comunes ante la violencia en el campo.
“Perdimos todo, nuestro ganado quedó ahí y ahora nuestras tierras y nuestra producción está en manos de pistoleros”
Saulo es coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el estado de Goiás y participó del Seminario Derechos Humanos y Seguridad en la Acción Sindical. En esa ocasión dialogó con la Rel sobre la necesidad de visibilizar internacionalmente lo que considera una masacre casi cotidiana en el campo de Brasil.