En 2020 entre 10 y 20.000 indígenas trabajaron en frigoríficos de Brasil. La NR-36, que regula salud y seguridad en ese sector, no puede ser modificada sin que antes se consulte a las comunidades originarias, que serán afectadas por esos cambios. Sin embargo, dijo a La Rel la abogada y activista indígena Fernanda Kaingáng, la revisión de esa norma fue planteada entre gallos y medias noches, violando la obligación de consulta a los pueblos originarios consagrada por el Convenio 169 de la OIT.
Pueblos indígenas y negros piden a la mandataria que los acompañe en la defensa de territorios y bienes comunes
A pocos días de asumir el nuevo gobierno
La Escuela Sindical de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), organización que tiene un convenio de cooperación con la Rel UITA, se trasladó a la Zona Sur para dar lectura al Estatuto del Sindicato Ngäbe, la capacitación contó con un traductor Ngäbe.
“Brindar apoyo a este Centro es un motivo de orgullo para nosotros”, dice Carmen Brenes, secretaria general de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), organización sindical con la cual la Rel UITA mantiene un convenio de cooperación.
El genocidio a los pueblos indígenas es histórico; es una de las formas de exterminio más brutales cometidas en la historia del mundo. A pesar de tanta violencia, estos pueblos, que hoy representan el 6% de la población mundial, precisamente por los exterminios del pasado y del presente de los que han sido víctimas, protegen el 80% de la biodiversidad del planeta.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el equipo legal de la causa, junto a las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, hacemos del conocimiento público en el día de conclusiones y cierre del juicio contra el imputado David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
Este 6 de abril, más de cinco años después del asesinato de Berta Cáceres, se inició en Tegucigalpa el juicio oral y público contra David Castillo, acusado de ser coautor del ataque mortal y principal enlace entre los autores materiales y los mandantes del crimen.
A dos años del asesinato del líder comunitario y
defensor de derechos indígenas.
El 3 de marzo, Marianela y Jenifer Mejía Solorzano, defensoras del territorio garífuna y miembros de la Ofraneh, fueron detenidas y puestas bajo resguardo policial por los supuestos delitos de usurpación de tierra, daños y amenazas. Cuatro días después, el juez dictó auto formal de procesamiento y otorgó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.