Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria en Costa Rica de Standard Fruit Company Dole, viene implementando una sistemática política antisindical, utilizando varios artificios y recurriendo a actores coludidos con dichas prácticas. La Escuela Social Juan XXIII es uno de ellos.
Los trabajadores y trabajadoras no tienen licencia sindical, tampoco tienen permisos para reunirse, pero aún así lo hacen, no se rinden. La lucha continúa.
Despide, sanciona y ningunea al sindicato
Este 9 agosto, al retomar las negociaciones del nuevo convenio colectivo, Ingenio Taboga anunció la irresponsable decisión de retirarse de la mesa.
El Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines (SINTRACOBAL) se manifestó ante la transnacional Chiquita Brands por los reiterados atropellos a sus trabajadores indígenas Ngabe Buglé.
El pasado 19 de julio, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (Sintraica) y el Ingenio Taboga iniciaron la negociación de un nuevo convenio colectivo. Un primer análisis del contrapliego presentado por la patronal dejó en evidencia sus reales intenciones: revertir las conquistas alcanzadas por las y los trabajadores y acabar con el sindicato.
La junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña de Costa Rica (SINTRAICA), viene realizando una serie de reuniones y encuentros con los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Taboga, con la finalidad de dar a conocer el estado de la negociación colectiva y el contenido del contrapliego presentado por la empresa.
Cándido Amador es un caso como los hay miles en el sector agrícola de Costa Rica, aunque el suyo se ha convertido en emblemático por el carácter dramático que presenta su enfermedad: la bradicardia, que provoca que con el esfuerzo físico su corazón lata a un ritmo muy bajo, tanto que llega a ser peligroso para su vida.
Una democracia bicentenaria ha retrocedido un siglo en materia de derechos humanos. Es evidente que Costa Rica estará bajo la mira de los organismos internacionales por la paulatina destrucción de su democracia.
La Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE) denuncia que el proyecto de reforma al empleo público −un polémico plan para bajar gasto en Costa Rica− es antidemocrático, autoritario e inconstitucional.