A fines de julio, “garimpeiros” apuñalaron hasta la muerte a un cacique de la etnia Wajãpi en Amapá, cortaron sus ojos y sus genitales y lanzaron su cuerpo al río.
La saña de este crimen muestra una nueva etapa contra una minoría que ha visto sus derechos vulnerados desde la conquista.
“El gobierno de Jair Bolsonaro está cumpliendo las promesas que realizó en la campaña electoral. Desde el primer día dio señales claras cuando colocó a la Fundación Nacional del Indio (Funai), responsable de las demarcaciones de tierras indígenas, bajo la administración del Ministerio de Agricultura, liderado por ruralistas. El zorro cuidando el gallinero”, lamenta Giba.
Tereza Cristina, ministra de Agricultura de Bolsonaro, fue siempre una declarada enemiga de la demarcación de los territorios indígenas cuando ejercía como diputada federal por Mato Grosso do Sul y también como presidenta de la CNA, el gremio ruralista.
“Desde el gobierno se está promoviendo un ambiente propicio para los que históricamente negaron los derechos de los pueblos indígenas, tengan carta blanca para actuar”.
El propio presidente Bolsonaro manifiesta públicamente que promoverá la liberación de la minería en reservas indígenas y permitirá la explotación de la Amazonia.
“Además, alardea sobre el arrendamiento de tierras indígenas para la explotación agropecuaria”, observa Giba.
Para el activista del CIMI, la situación es muy preocupante porque no solo no se avanza en la demarcación sino que están desalojando violentamente a los pueblos que ya tienen sus tierras demarcadas.
“La invasión de territorios indígenas por garimpeiros (mineros ilegales), madereros y agronegocio no se da solo en espacios en trámite de demarcación. Lo grave es que ahora están invadiendo y desalojando de manera violenta tierras ya regularizadas”, señala.
“Estamos elevando la denuncia ante la CIDH, la OEA y la ONU para que intercedan frente al gobierno y exijan el respeto a los derechos de estas comunidades y cese inmediato de los ataques”.
“Aunque esta violencia no es nueva –concluye Giba– preocupa la intensidad con que se viene dando, y el hecho que los agresores tengan el amparo del gobierno nacional”.