La presencia de un sistema de alta presión en el centro-sur del país impidió que fenómenos meteorológicos comunes en esta época fluyeran y se estacionaron sobre RS. El mal tiempo comenzó el 28 de abril en el norte del estado con fuertes lluvias y viento, y para el 29 la situación se había extendido por casi toda la región.

En varios puntos del estado de Rio Grande do Sul (RS) las lluvias acumuladas entre el 28 de abril y el 2 de mayo representaron entre 500 y 700 mm, lo que corresponde a un tercio de la media histórica de precipitaciones para todo un año, y en muchas otras zonas llovió entre 300 y 400 mm.

La precipitación extrema afectó a más del 60% del territorio del estado. Hubo cortes en el abastecimiento de agua potable en más de 640 mil residencias y cerca de 500 mil clientes se quedaron sin energía eléctrica. Se produjeron bloqueos de las carreteras estatales en decenas de puntos debido a deslizamientos de tierra, inundaciones, destrucción de la calzada o caída de barreras y árboles. Los daños afectan a 334 de los 497 municipios del estado.

La situación se vio agravada por el colapso de la represa hidroeléctrica 14 de Julho, ubicada entre los municipios de Cotiporã y Bento Gonçalves. Otras cuatro represas en todo el estado también corren riesgo de ceder.

En la capital Porto Alegre, el Centro Histórico y varios otros barrios sufrieron un extenso anegamiento, resultando en calles bloqueadas y personas aisladas. El 5 de mayo la inundación del Guaíba, lago que rodea a Porto Alegre, alcanzó los 5,33 m, superando el récord histórico de las inundaciones de 1941. El Aeropuerto Internacional Salgado Filho quedó inundado y se suspendieron sus operaciones, y los puentes sobre el Guaíba y las avenidas Castelo Branco y Assis Brasil debieron ser cerrados, interrumpiendo las principales conexiones de la capital con el resto del estado.

El gobernador derechista de RS, Eduardo Leite, encabezó en 2019 una movida parlamentaria que logró privatizar empresas estratégicas que eran públicas como las de energía y agua, y sobre todo destruyó el Código Ambiental de Rio Grande do Sul, vigente desde 2000, fruto de nueve años de debate con la participación de personalidades notables en el ámbito medioambiental, como el célebre agrónomo y ex Secretario de Medio Ambiente José Lutzenberger, galardonado con el “Premio Nobel Alternativo” por su trayectoria como ecologista de la primera hora.

Leite y sus secuaces desvirtuaron 480 artículos de ese Código, lo que de hecho significó un desmantelamiento de las protecciones al medio ambiente en beneficio de la industria, la minería, el agrobussines, y en general de los grandes emprendimientos privados más contaminantes y dañinos para el cambio climático.

El proyecto del gobernador fue aprobado en tiempo record, instrumentando una verdadera política antiambiental. Algunas de sus medidas fundamentalistas: privatización de bienes comunes como el agua y la energía; entrega de activos públicos como la Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), la Empresa Estatal de Energía Eléctrica (CEEE), la Compañía de Gas de Rio Grande do Sul (Sulgás); el intento de privatizar las principales Unidades de Conservación y el Jardín Botánico; el desmantelamiento de organismos públicos como la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA). La “motosierra” es el emblema del neoliberalismo latinoamericano.

Se dejó de invertir en obras de mantenimiento de infraestructuras necesarias para la prevención de impactos climáticos adversos; se desmantelaron departamentos enteros de cuidado ambiental reduciendo a menos de la mitad a su personal; se discontinuó la participación estadual en los programas de formación ambiental que, sin presupuesto, languidecieron hasta desaparecer, entre otras medidas de “recorte”.

Los mismos que actuaron con imprudencia criminal aportando con su egoísmo a que se dieran las condiciones para la “tormenta perfecta” de hoy, ahora se rasgan las vestiduras, miran al cielo y claman “Dios, por qué nos has abandonado”.

El colapso de RS es prácticamente total. Nada funciona, y cuando lo hace es una gota en el océano. El transporte parado, los comercios cerrados, las instituciones educativas vacías, las cosechas detenidas, los silos de los granos ya cosechados están anegados: el gobierno federal ha declarado el estado de calamidad en toda la región, lo que habilita la liberación de fondos extraordinarios para solventar la ayuda a los damnificados y la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.

Se anuncia una primera importación de un millón de toneladas de arroz, y centenares de miles de toneladas del clásico feijao (frijol), bases de la alimentación popular.

La movilización de las Fuerzas Armadas es gigantesca, desde personal de Infantería hasta grandes naves de la Marina que acuden a los puertos de RS para trasladar alimentos, potabilizadoras de agua, helicópteros, drones, etc, y eventualmente albergar desplazados.

Muchos estados vecinos encaminan alimentos, ambulancias, tiendas de campaña, agua potable, abrigo, ropa, en una gran movilización solidaria de un país conmovido ante la catástrofe. También los países vecinos han reaccionando enviando desde helicópteros hasta leche en polvo y vituallas en general.

Se prevé que las lluvias y tormentas continúen aún durante tres o cuatro días, y que incluso si el agua no sube más del nivel actual, serán necesarios al menos 10 días para que se retire totalmente de las zonas inundadas, Luego vendrán las tareas de limpieza y reconstrucción cuya duración y costo, por ahora nadie se anima a pronosticar.

Cuando el agua vuelva a su cauce y los territorios se reconozcan nuevamente a sí mismos, vendrá el tiempo del filo y el hacha para que rindan cuentas ante la sociedad los criminales que colaboraron para que la catástrofe fuera posible. Tienen sangre en las manos.