-Los asalariados y asalariadas rurales en Brasil tienen un escaso nivel de organización sindical…
-Es cierto. Como Fetar y como el conjunto de federaciones de asalariados rurales ̶ hombres y mujeres ̶ entendemos que avanzar en ese sentido debe ser una prioridad.
Las federaciones y sindicatos teníamos el objetivo específico de fortalecer la organización de los asalariados. En este sentido se lograron firmar varias convenciones colectivas y se pudo avanzar en derechos y conquistas.
Sin embargo, llegó un momento en que se vio la necesidad de profundizar el proceso de organización, y por esa razón en 2015 creamos la Contar con ese propósito.
-¿Cuántos trabajadores abarca la Contar?
-Unos cinco millones de asalariados y asalariadas rurales repartidos en 11 estados. Nos falta extendernos a la totalidad de los estados de Brasil.
-¿Este será uno de los objetivos de la nueva dirección de la Contar?
-Ya lo veníamos proponiendo desde la Federación de Rio Grande do Sul, pero queremos profundizar en la articulación y marcar algunos ejes prioritarios de trabajo.
Brasil está viviendo un momento muy complicado en cuanto al recorte o eliminación de derechos laborales y sociales, un proceso de una profundidad sin precedentes.
La reforma laboral aprobada a fines de 2017 ha destruido los derechos de la clase obrera y no ha traído ningún beneficio. Y está latente la reforma de la seguridad social, que afectará mucho y para mal a los asalariados y las asalariadas rurales.
La lucha que dio el movimiento sindical, junto a los agricultores familiares, para impedir que se realizara, al menos por ahora, esta reforma, logró mantener las condiciones de jubilación, es decir 55 años de edad para las mujeres y 60 para los hombres con 15 años de servicio.
El gobierno de Jair Bolsonaro está viendo cómo precarizar aún más las condiciones laborales y se maneja una eliminación o flexibilización de las normas reguladoras del trabajo, como la número 31, que regula el uso de implementos y maquinarias agrícolas.
-¿Cómo afectó a los asalariados rurales la reforma laboral?
-Bajo el anterior gobierno, de Michel Temer, se votó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), conocida como PEC de Gastos, que congela las partidas para salud y educación por 20 años.
La medida afectó la prestación de salud de los trabajadores y trabajadoras rurales, que en su inmensa mayoría no cuentan con cobertura médica.
El recorte presupuestario hace que se les dificulte cada vez más acceder a un médico.
Además, se suprimió la obligatoriedad del pago de las horas que emplea el trabajador rural para trasladarse a los predios donde labora, con lo que los salarios se redujeron en promedio en entre 600 y 700 reales (entre 147 y 172 dólares), mucho para los sueldos sumergidos que se pagan en el campo.
Se está ante un retroceso generalizado, por lo cual se torna imperioso articular acciones para resistir y comenzar a proponer salidas.
-¿Cómo piensan hacerlo?
-Venimos trabajando conjuntamente con diputados y senadores para poder crear un frente de defensa de los trabajadores y asalariados del campo, porque creemos necesario que se conozca lo que hacemos y la importancia que tenemos en la producción agrícola y pecuaria del país
También queremos profundizar la capacitación y formación, no solo de los trabajadores sino de los dirigentes sindicales.
-¿Y cuál será el espacio de participación de las mujeres en la Confederación?
-Este es un debate que venimos dando desde hace tiempo. En primera instancia aplicaremos un sistema de cuotas que garantice una participación de al menos 20 por ciento de mujeres en los espacios de decisión de la organización.
Ya hay federaciones estaduales que cuentan con un sistema bastante parejo de representación de género.
Pero vale destacar que la mano de obra en nuestro sector es esencialmente masculina.
De los 5 millones de trabajadores rurales de que hablábamos apenas el 11 por ciento son mujeres. Este es un factor que dificulta la participación real de las mujeres en el ámbito sindical.
Pero sin dudas es un déficit a cubrir.
-¿Qué pasa con las esposas de los trabajadores rurales que trabajan en las tareas domésticas o de limpieza en los establecimientos y muchas veces lo hacen en negro?
-Tendremos que profundizar nuestra incidencia como organización.
Ha pasado que esas mujeres, que van a acompañar a sus maridos o se mudan con ellos, son contratadas para cocinar o hacer la limpieza en los establecimientos o empresas, y si bien les pagan por las tareas que realizan, los empresarios no hacen los aportes correspondientes a la seguridad social.
Muchas llegan a la edad de jubilarse y quedan completamente desamparadas.
También hemos tenido casos de embarazadas que quedan por fuera del auxilio por maternidad. Ni hablar en lo que refiere al acceso a la salud en caso de accidentes laborales.
Es necesario construir una política que trascienda lo sindical, tiene que ser una política pública.
Se había comenzado a diagramar algo durante el segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff con el Programa Nacional de Trabajadores Rurales, que luego de su destitución quedó en letra muerta.
-¿Cómo evalúas el rol de la Rel UITA en esta nueva etapa?
-Será una aliada fundamental para la Confederación, sobre todo porque nos ofrece una proyección internacional para la defensa de nuestros derechos como trabajadores y asalariados rurales y porque será nuestra socia en cuanto a formación y capacitación sindical.
Por esa razón estamos aquí en Montevideo, para trazar líneas de trabajo junto a la Secretaría Regional.
Es necesario aunar fuerzas.
En Montevideo, Amalia Antúnez