En un lapso de poco más de un año en el poder, Temer y su bancada se las han ingeniado para favorecer sin tapujos a quienes financian su estadía en el Planalto.
El lunes 16, mediante una ordenanza del Ministerio de Trabajo redactada por el propio jefe de la cartera Ronaldo Nogueira se cambiaron la definición de trabajo esclavo, los criterios para su fiscalización y también de divulgación de la denominada “lista sucia”, que enumera a las empresas que utilizan mano de obra análoga a la esclava.
De todos los favores que está dispuesto a hacer a los empresarios, desde la reforma laboral, la ley de tercerizaciones y el fin de las demarcaciones de tierras indígenas que han venido retrotrayendo al país a su situación de fines del siglo XIX, esta medida representa definitivamente el regreso al colonialismo.
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) señala en una nota que estos cambios eliminan de un plumazo las principales restricciones vigentes hasta hoy.
A partir de ahora sólo se configurará trabajo esclavo si se constata privación de libertad o retención de documentación por parte del empleador. Las condiciones degradantes y el trabajo extenuante dejarán de ser considerados situaciones análogas a la esclavitud.
Además se dificultará la fiscalización, ya que un auditor del Ministerio de Trabajo será el encargado de realizar el informe de la acción en el sitio inspeccionado y el informe deberá ser firmado por el empleador objeto de la acción. La denuncia deberá ser registrada por la policía y si llega a faltar algún punto el proceso será anulado.
La medida es un retroceso social tan devastador que hasta políticos alineados con el gobierno, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, se manifestaron contrarios a su aplicación.
Pero Temer necesita los votos de la bancada ruralista para que la causa que se le sigue, por obstrucción a la justicia y pertenencia a organización criminal, no prospere en el Congreso Nacional.
Este martes 24, a solicitud del partido Rede Sustentabilidade, la ministra del Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber suspendió a través de una medida provisoria la ordenanza del Ministerio de Trabajo que modificaba las reglas de combate y fiscalización del trabajo esclavo.
En la decisión, la ministra escribió que el texto, «al restringir indebidamente el concepto de ‘reducción a la condición análoga a esclavo’, vulnera principios fundamentales de la Constitución”.
Además contestó directamente uno de los puntos de la ordenanza, que vincula la configuración del trabajo esclavo a la restricción de libertad.
Resaltó que, según el derecho internacional, la «esclavitud moderna» es más sutil y el cercenamiento de la libertad puede derivarse de diversas limitaciones económicas, y no necesariamente físicas.
«El acto de privar a alguien de su libertad y de su dignidad, tratándolo como cosa y no como persona humana, es repudiado por el orden constitucional, ya sea mediante coacción, bien por la violación intensa y persistente de sus derechos básicos y el derecho al trabajo digno», escribió.
Aunque es una medida provisoria, la decisión arroja algo de esperanza en los sectores de defensores de los derechos humanos y de los derechos de las y los trabajadores.