A fines de marzo de este año el sacerdote José Amaro Lopes de Sousa, líder rural, perteneciente a la CPT y párroco de la Prelatura de Xingú fue detenido luego de ser acusado de diversos delitos, de los cuales no hay pruebas.
“Entendemos que hay un intento de acallar la voz de quien acompaña y trabaja junto a trabajadores y trabajadoras rurales en la región. Es una estrategia planeada por los terratenientes locales que no ven bien la labor comunitaria del padre Amaro”, apunta Gilson.
A pesar de toda la trascendencia que tuvo el asesinato de la religiosa Dorothy Stang a manos de sicarios pagados por un terrateniente local en 2005, Anapu es un lugar donde la violencia es sistemática y está vinculada directamente a los conflictos por la tierra, dijo.
“El padre Amaro acompañó a la hermana Dorothy en la defensa de los derechos de las comunidades rurales en Anapu y naturalmente terminó siendo el sucesor de ella dentro de esa comunidad. A partir de entonces pasó a estar en la mira de quienes no quieren este tipo de trabajo social”, destacó.
“Hace bastante tiempo que Amaro sufre amenazas diversas. Ahora lograron orquestar todo para criminalizarlo y llevarlo a prisión”, destacó.
Gilson señala también que la CPT mantiene el cuestionamiento a la justicia de Pará por no haber escuchado las declaraciones del sacerdote.
Dice que para mantenerlo en prisión preventiva el tribunal se ha basado únicamente en el testimonio de los terratenientes locales, los mismos que amenazaron al sacerdote.
“Hay intereses para que el padre Amaro siga preso, para que no regrese a realizar el trabajo comunitario que él realiza. Con su prisión callan a muchos”.
El pasado lunes 4, la justicia de Belem, en el estado de Pará, negó el pedido de habeas corpus al padre Amaro.
“No salimos de nuestra perplejidad, sobre todo teniendo en cuenta que la misma justicia que mantiene al padre Amaro preso sin pruebas es la que recientemente dio libertad condicional a uno de los involucrados en el asesinato de la hermana Dorothy. Es una mezcla de perplejidad y miedo”, afirmó Gilson.
Consultado acerca de si la violencia en la región se ha incrementado luego de la destitución de Dilma Rousseff en 2016, insistió en que no le gusta hacer esa diferenciación entre antes y después del impeachment.
“La violencia en Pará siempre estuvo, no es nueva y no se detuvo durante los gobiernos de Lula da Silva y Rousseff. Lo que si noto es que desde el impeachment, los promotores de esta violencia -muchas veces el propio Estado y sus brazos ejecutores- se sienten muy cómodos pues son sabedores de su impunidad”.
Pará tiene un historial cruel y sistemático de violencia.
Las masacres de Eldorado dos Carajás y Pau D’Arco son pruebas de ello.
Según el informe anual Conflictos en el campo de Brasil, divulgado el 4 de mayo por la CPT, el número de víctimas en los conflictos agrarios aumentó.
El registro de muertos como consecuencia de estos conflictos creció 16,4 por ciento en relación al año anterior: 61 personas fueron asesinadas en 2016 y 71 en 2017.
Pará y Rondônia, que registraran 22 y 17 muertes respectivamente, lideran a lista de los lugares más violentos.
Juntos, estos estados concentran más de la mitad de los asesinatos.