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Indígenas brasileños fumigados con agrotóxicos
“Una forma de guerra química”
Desde hace varios años indígenas que habitan en la región de Dourados, en el Mato Grosso do Sul profundo, denuncian que sus aldeas son rociadas sistemáticamente con agrotóxicos por sus vecinos agricultores. “Es una forma de guerra química”, dijo un fiscal que investiga esas agresiones.
Daniel Gatti
Imagen: Allan McDonald – Rel UITA
Ariloide Domingues, líder de la aldea Guyraroká, en el municipio de Caarapó, dijo a la publicación digital TAB que allí se vive “en medio del veneno”. “Se respira, se come, se bebe y se usa el veneno que los agricultores arrojan”, dijo
La revista destacó que “los casos son tan frecuentes y sistemáticos en Mato Grosso do Sul que fueron definidos como agresiones químicas por el fiscal Marco Antonio Delfino, del Ministerio Público Federal”, cuenta la revista.
Los “fazendeiros” (latifundistas), dedicados fundamentalmente al cultivo de soja, quieren expulsar a los indígenas de sus tierras a como dé lugar: a los tiros, atacando sus cultivos con tractores, lanzándoles veneno desde el aire, con aviones que se desplazan a vuelo rasante y en horas nocturnas sobre sus poblaciones.
Los indígenas viven a su vez prácticamente encerrados en aldeas ocultas en bosques que, “como parches”, señala un periodista de TAB que recorrió la zona, de tanto en tanto interrumpen un paisaje dominado por plantaciones de soja que se suceden a los costados de las carreteras de la región de Dourados.
«Es como una guerra. Quieren corrernos, pero vamos a resistir», afirma Ezequiel João, líder de otro asentamiento indígena, el de Guyra Kambi’y, en Douradina.
Otro habitante contó como una mañana, los alumnos de una escuela del lugar estaban desayunando en el local cuando unos aviones pasaron y rociaron su veneno, dejando una nube de agrotóxicos. Cuatro niños y dos adolescentes debieron ser hospitalizados, con vómitos, diarrea, dolor de cabeza, erupciones cutáneas.
“Quisimos proteger la comida, pero la nube blanca cubrió todo”, dijo uno de ellos.
Desde 2014 la demarcación del territorio Guyraroká está siendo tramitada ante el Supremo Tribunal Federal. Y sigue esperando.
La demora era tan impresentable que la Organización de Estados Americanos envió en 2019 una misión para inspeccionar las condiciones de vida de la población.
Nada cambió desde entonces, por lo que los abogados de las poblaciones indígenas piensan denunciar la situación ante las Naciones Unidas.
Se basarán en un antecedente, excepcional pero significativo: la condena al Estado paraguayo por no investigar la muerte del agricultor Ruben Portillo, fallecido como consecuencia de pulverizaciones de agrotóxicos por productores agrícolas, también en campos sojeros.
Paraguay se convirtió en 2019 en el primer país condenado por violaciones a los derechos humanos originadas en delitos ambientales.
Ha sido hasta ahora el único, pero esperan en la cola los indígenas brasileños, y la Red de Pueblos Fumigados (RPF) de Argentina, que acumula múltiples denuncias por los mismos motivos, con consecuencias sanitarias, ambientales y económicas nefastas para la población de provincias como Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
En Brasil, el investigador Wanderlei Pignati, del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Mato Grosso, probó la presencia de agrotóxicos en hasta 100 kilómetros hacia el interior de la Reserva Indígena de Xingu y en el Pantanal, zonas de producción intensiva de soja, maíz, algodón y caña de azúcar.
En esas regiones del país se constató en los últimos años un número de casos de cáncer y de malformación en recién nacidos mucho mayor a la media nacional, lo mismo que la Red de Pueblos Fumigados comprobó en el cinturón sojero argentino.
Medardo Vázquez, el pediatra que anima la red argentina, comentó semanas atrás que ya no hay nada más que probar sobre los daños que causan los agrotóxicos, no solo cuando se los rocía a proximidad de centros poblados.
“Son nocivos en todos los casos. Hay abundante literatura científica al respecto y sobre todo, gente de carne y hueso que es la demostración viviente del desastre que causan. Y tierras y ríos, y en consecuencia alimentos que resultan contaminados y que no sólo los pueblos locales consumen”.
A la gente de la RPF le parece muy bien que, a veces, la justicia falle en favor de quienes denuncian las fumigaciones y las víctimas sean indemnizadas, como ha sucedido recientemente con pobladores de dos aldeas indígenas de Mato Grosso do Sul.
Pero eso no es suficiente, dicen. “Se tiene que acabar de una vez por todas con estos productos, y fundamentalmente con el modelo productivo que requiere de ellos siempre en más y más cantidad”.
