El pasado 1 de agosto la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) de Brasil aprobó la liberación comercial de una nueva variedad de soja transgénica producida por Monsanto, propiedad de Bayer, que utilizará por primera vez en el mundo un coctel de cuatro agrotóxicos mezclados. Además, se la dispensó de controles de campo, por lo cual será imposible verificar sus efectos adversos una vez plantada.

Nuevamente Brasil es utilizado como laboratorio mundial por las corporaciones transnacionales de semillas y agrotóxicos. En los últimos meses Monsanto presionó para que la CTNBio, aún con una integración cincelada por Jair Bolsonaro, acelerara la aprobación de este evento.

Fue esta misma CTNBio la que a partir de 2021 comenzó a otorgar sistemáticamente la dispensación de controles de campo a los nuevos cultivos transgénicos liberados comercialmente.

Los cuatro pesticidas del transgénico recientemente apobado —2,4-D (prohibido en Argentina), Dicamba, Mesotriona y Glufosinato de Amonio (prohibido en Europa)— serán utilizados combinadamente en una sola aplicación para abaratar costos. No se ha estudiado cuáles serán los efectos nocivos de esta mezcla en el ambiente y en los seres humanos, y tampoco se hará.

La solicitud de autorización fue presentada astutamente el 26 de diciembre de 2022, una época del año en la cual se suele estar con otras cosas en la cabeza. Y a partir de allí el trámite fue haciendo un camino sin obstáculos llegando en tiempo récord a la CNTBio.

Si bien Bolsonaro rediseñó la integración de la Comisión “a su imagen y semejanza”, dejó en ella dos miembros con sensibilidad ambiental para cubrir algo las apariencias.

Fue precisamente uno de ellos, Leonardo Melgarejo, ingeniero agrónomo vinculado a las organizaciones ambientalistas, quien solicitó más información antes de proceder a la votación: “Me llamaron la atención los riesgos y decidí pedir que me ampliaran los datos”, afirmó.

“Uno de los puntos de atención —agregó Melgarejo— es que la tecnología induce a quienes trabajan en el campo a utilizar una mezcla de químicos nunca antes vista. Esto se debe a que los cuatro pesticidas a los que la semilla es resistente deben mezclarse al momento de la aplicación.

Van a aplicar un cóctel sobre el cual no hay estudios de riesgo en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ni en el Ministerio de Salud. Lanzar una tecnología sin tener en cuenta este tipo de repercusiones es peligroso”, advirtió el ingeniero agrónomo.

Para Gabriel Fernandes, representante del Ministerio del Medio Ambiente en la Comisión y el otro sobreviviente de la barrida bolsonarista, la exención del seguimiento es problemática cuando se trata del producto más plantado en el país: “Estamos hablando de 46 millones de hectáreas —observa—. No conocemos el efecto de estos OGM, de las posibles combinaciones, de lo que sucederá a mediano y largo plazo, ni la escala en la que se adoptará esta tecnología”, finalizó.

Lo cierto es que este cultivo sólo fue testeado en tres localizaciones de Estados Unidos, pero la variedad nunca fue liberada comercialmente en ese país. En Brasil se iniciaron plantaciones de prueba, pero su análisis no ha concluido. Estos agrotóxicos nunca han sido testeados combinados, sino sólo individualmente.

La tesitura de Monsanto/Bayer es muy clara: vayamos a implantar esto en Brasil donde hacemos lo que queremos. Allí no importa el medio ambiente, no importan los trabajadores y trabajadoras rurales que deben aplicar el veneno, y tampoco los eventuales consumidores del producto. A lo sumo, se tratará de daños colaterales. ¡Todo sea por aumentar la productividad! Y como mayor productor de soja del mundo, Brasil pondrá presión en el resto del mercado.

Brasil ha sido tradicionalmente el mercado secundario de los agrotóxicos prohibidos en otras partes del mundo, sobre todo en la Unión Europea (UE). El Glufosinato de amonio, por ejemplo, uno de los cuatro pesticidas a los que esta soja transgénica es resistente, fue prohibido en la UE en 2009.

Esta decisión se tomó con base en más de 113 estudios que demostraron que esa sustancia provoca intoxicaciones agudas y crónicas, provoca convulsiones, pérdida de memoria y cambios respiratorios. Además, inhibe la fotosíntesis, un proceso crucial para la supervivencia de las especies vegetales, y provoca intoxicación por bioacumulación en los animales.

En opinión del ingeniero Megarejo, “Con la aprobación de este evento se le está solucionando un problema a la industria química que venía con dificultades para colocar el Glufosinato de amonio luego de la prohibición europea”. En 2022 —último año con datos disponibles— se comercializaron 18,4 mil toneladas de ese veneno en Brasil, donde actualmente hay 42 productos registrado que contienen este ingrediente activo.

Para completar la película de terror, ocurre que durante la cosecha de soja siempre se pierden granos (semillas viables) que permanecen en el campo y germinan. Como la soja suele intercalarse con cultivos de maíz, es necesario “limpiar” la tierra antes de su plantación, y para ello se aconseja utilizar Atrazina.

Este agrotóxico fue prohibido en la UE en 2004, después de que datos obtenidos a través del monitoreo ambiental mostraran una contaminación del agua subterránea por encima del nivel considerado aceptable. “Los estudios demuestran que este pesticida todavía se encuentra hoy en los ríos europeos”, afirma Sônia Hess, profesora jubilada de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

La investigadora recuerda que, en Brasil, la Atrazina fue aprobada en 2003, es decir, un año antes de que fuera prohibida en la UE. “Una vez más —señala—, absorbimos una buena parte del mercado que la industria perdió con la prohibición de la venta del producto en la mayor parte de Europa”. En 2022 se comercializaron 77 mil toneladas en Brasil. Hoy hay 78 productos comerciales registrados en el país con este ingrediente activo.

Esta característica brasileña de laboratorio mundial de los experimentos de las transnacionales agroindustriales se expresa claramente cuando se analizan ciertos datos. Un informe conjunto publicado por o joio e o trigo¹ y Fiquem Sabendo² , comprobó que entre octubre de 2022 y agosto de 2024, se produjeron 752 actividades del Poder Ejecutivo en las cuales hubo presencia de al menos un lobista o empresa del agronegocio y de la industria química. O sea una reunión cada 4 horas y 48 minutos.

La investigación develó que uno de cada diez de esos encuentros se produjo en la Secretaría de Defensa Agrícola (nombre sugestivo si los hay), y que esos contactos se intensifican en aquellos periodos en los cuales se están tramitando leyes que conciernen al sector.

Mientras se discutía la reforma tributaria el Ministerio de Economía se reunió 40 veces con entidades ligadas al agronegocio o la industria química, mientras que lo hizo en apenas nueve ocasiones con las organizaciones sociales.

Mientras tanto, la mitad de los vetos interpuestos por el presidente Lula a la nueva ley de agrotóxicos fueron derrumbados por el Congreso, y la ley aún continúa sin ser reglamentada, por lo que aún rigen las disposiciones bolsonaristas, o sea, ruralistas.

Los datos también muestran que en el 58% de esas reuniones entre privados y el Ejecutivo, estuvieron presentes Bayer, Basf o Syngenta.

Los resultados del informe revelan con total crudeza que existe un acceso privilegiado y frecuente a puertas cerradas del sector privado al gobierno federal, mientras se entorpece o impide la participación en espacios definidos de debate, como audiencias públicas. Y esto se refleja en las políticas más recientes, que benefician a los fabricantes de agrotóxicos.

¹https://ojoioeotrigo.com.br/
²https://fiquemsabendo.com.br/