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Un fallo sin precedentes
Una empresa que terceriza servicios al estado deberá pagar a un trabajador contaminado por agrotóxicos un salario mensual durante 34 años. La condena de una compañía contratada por el gobierno federal no es común y sienta un precedente importante.
Carlos Juliano Barros | Brasil de Fato
01 | 08 | 2022
Imagen: Allan McDonald | Rel UITA
El Tribunal del Trabajo del municipio de Formosa, en el estado de Goias, a 79 km de Brasilia, ordenó a una empresa de mantenimiento de aeronaves pagar una pensión de 1.230 reales mensuales (237 dólares) durante 34 años a un empleado intoxicado por pesticidas. Además, estableció una indemnización por daños morales de 50.000 reales (9.600 dólares).
La sentencia, publicada a fines de mayo, es poco común, según los expertos, por las pruebas de contaminación que adjunta y los valores de la condena. Como se trata de una decisión de primera instancia, la empresa aún puede apelar.
Albertino Soares da Silva comenzó a trabajar en octubre de 2017 limpiando aeronaves para Formaer, una empresa especializada en el mantenimiento de esos equipos, incluidas las utilizadas para el transporte y la aplicación de pesticidas, herbicidas y otros productos químicos en plantaciones.
Solo con el gobierno federal, Formaer tiene contratos, firmados entre 2013 y este año, por un valor de 5,8 millones de reales (1 millón de dólares aproximadamente).
Según el testimonio del exempleado, que consta en el expediente, la empresa no proporcionó los equipos de protección personal (EPP) adecuados. También asegura que fue responsable de “tirar veneno” para limpiar la tierra en el galpón del taller.
Además de una fuerte alergia en la piel, Silva informa haber desarrollado tos, dolor de cabeza y dificultad para respirar debido al contacto con agrotóxicos. Un informe pericial acreditó la presencia de herbicidas en su sangre.
Silva incluso estuvo con licencia en el trabajo durante cuatro meses, entre mayo y septiembre de 2019, recibiendo una prestación del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
Al regresar, fue destinado a la misma actividad que le había generado los problemas de salud. Tras sucesivas ausencias, fue despedido por “abandono laboral” en octubre de ese año.
“La sentencia reconoció el despido indirecto por enfermedad profesional, refutando la tesis del patrón de que hubo abandono del trabajo”, explica Leomar Daroncho, fiscal del Ministerio Público del Trabajo (MPT). La agencia federal también participó en el proceso.
Contactado por Brasil de Fato, el abogado de Formaer, Gilson Saad, dijo que es «difícil comentar algo en este momento», debido a que la sentencia se encuentra en fase de apelación.
“La empresa siempre ha actuado correctamente. Más de diez años de actividad aquí, cumpliendo con las normas laborales y de seguridad”, agregó Saad.
“Esta sentencia es muy relevante porque reconoce el vínculo entre una enfermedad y la exposición del trabajador a los plaguicidas”, dice Leomar Daroncho, del MPT.
Según el fiscal, decisiones judiciales como esta no son comunes debido a la dificultad para reunir pruebas.
Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), Ranielle Sousa comparte la opinión del fiscal.
Como parte de su investigación académica, Sousa ha estado monitoreando las decisiones judiciales sobre demandas relacionadas con pesticidas durante años.
La docente afirma que la sentencia que reconoció el daño a la salud del exempleado de Formaer como un problema derivado del trabajo, motivado por la exposición a agrotóxicos, “no es el único caso, no es el primero, pero lamentablemente es un caso raro”.
Un informe de Repórter Brasil y Agência Pública mostró que, entre 2010 y 2019, 7.163 trabajadores rurales fueron atendidos en hospitales y diagnosticados con intoxicación por pesticidas causada por el ambiente de trabajo. Los datos son del Sinan (Sistema de Información de Enfermedades de Declaración Obligatoria), del Ministerio de Salud.
Sin embargo, aún con el diagnóstico médico, sólo 787 trabajadores tenían la notificación de accidente de trabajo (CAT por sus siglas en portugués) por pesticidas enviada al INSS en el mismo período. De estos, solo 200 recibieron pago por enfermedad o jubilación por invalidez.
Reconocer el nexo de causalidad, explica la profesora, es precisamente el gran “cuello de botella” al que se enfrentan las personas que buscan reparación judicial por la contaminación por sustancias químicas utilizadas en los cultivos.
“¿Cuál es la defensa que suelen presentar las empresas? Que el trabajador ya está enfermo. I demostrar que no hay forma de probar que la enfermedad fue causada por el pesticida”, explica Ranielle.
Según Daroncho, en este caso concreto “la sentencia acogió la conclusión del perito en el sentido de que hubo menoscabo total de la capacidad de trabajo, señalando la culpa de la empresa: omisión en las medidas preventivas y en la dotación de los EPP adecuados”.
